Venezuela

Juristas: ley contra el odio inhibirá expresión sobre asuntos públicos

Analistas critican que la interpretación de los mensajes quede en manos del Gobierno (Foto: Archivo)

Caracas.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cumplió la semana pasada con una de sus ofertas banderas como es la aprobación de Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

El instrumento, de 25 artículos, que entró en vigencia el jueves tras su publicación en Gaceta Oficial, ha sido presentado por Delcy Rodríguez, presidenta de la instancia, como una vía para imponer el “derecho de paz en el país” y “un arma contra el capitalismo”.

Parte de la motivación, según el oficialismo fue el centenar de fallecidos y los miles de heridos durante cuatro meses de protesta este año contra el Gobierno.

Abogados, expertos en derechos humanos, advierten que la mencionada ley tiene un carácter discrecional que será usado para criminalizar a los ciudadanos, los partidos políticos y los medios de comunicación, e inhibirá la expresión sobre asuntos públicos.

Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), consideró que la ley contra el odio “es un acto de fuerza, propio de una tiranía, y no una ley democrática.

“Con la ley se busca cerrar más y de forma más rápida a medios de comunicación, encarcelar periodistas y políticos, eliminar partidos y organizaciones civiles. Son de las acciones que se verán”, indicó.

Herrera puso la lupa sobre aspectos que considera delicados, como en el artículo 5 donde se da protagonismo a los órganos del Poder Popular para perseguir, hostigar y chantajear con la excusa del derecho a la paz, que es una falacia en sí mismo, pues no existe algo así. El artículo 8 permite al Gobierno adoptar hasta medidas psiquiátricas contra las personas para asegurar que sean pacíficas. El 9 dispone que el sistema educativo debe en todos sus niveles ideologizar para lograr la paz. El 13 establece una prohibición para censurar a todo emisor que critique y disienta del Gobierno y el 14 permite la prohibición de uso y acceso a redes sociales y contra quienes las administran.

Garantías violentadas
Nizar El Fakih, director de Proiuris, recalcó que la ley “deriva de un órgano político (ANC) completamente sesgado a favor del Gobierno, que no tiene legitimidad de origen -porque fue creado violando la propia Constitución.

Denunció que con la posibilidad de que se ilegalicen los partidos políticos “que promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio”, se violentan varias garantías: la libertad de expresión, derechos políticos, como el de participación política, la libertad de asociación, el derecho a crear, organizar y participar en partidos políticos, y el derecho a la reunión.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, repudió el alcance de las penas.
Llama la atención, manifestó Lanza “las sanciones totalmente draconianas y desproporcionadas que establece la ley, como penas de prisión de 10 a 20 años, algo que en Derecho Penal podría incluso compararse a un delito de asesinato o algo semejante”.

Conflicto de competencias
El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez puntualizó: “Llevamos 18 años en los que el discurso oficial ha sido de división. Se incita a la confrontación política y se señala a la oposición de escuálida y de incurrir en traición a la patria, ahora busca cubrirse con un manto de amor y por la paz. Se les olvida que en algún momento el doctor Hermann Escarrá acusó a Chávez por incitar al odio”.

Afirmó el penalista que en el Código Penal se sanciona la instigación pública, delito por el que se pretende procesar al diputado Freddy Guevara, pero indicó que en este caso el Gobierno va más allá para inhibir a los ciudadanos.

Nizar El Fakih, director de Proiuris, indicó que del punto neurálgico de la reciente ley es que la interpretación de los mensajes de odio o de violencia queda en manos del Gobierno.

Obligados
La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, informó que los educadores del país tendrán un peso importante en la difusión de la Ley contra el Odio. “Estamos todos obligados a tener una responsabilidad en la promoción de una cultura de paz”. En la aplicación de la nueva normativa habrá tres actores fundamentales: El Estado, la familia y la sociedad.

Sofía Nederr

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