Locales

313 empleados despedidos de la gobernación deberán volver a sus puestos

Constituyentistas de la entidad respaldaron la medida / Foto: Rafael Salazar

El Ministerio del Trabajo dictó 313 amparos a igual número de empleados de la Gobernación de Anzoátegui que habían sido despedidos.

El recurso legal deja sin efecto la medida y ordena que los trabajadores vuelvan a sus puestos con la remuneración correspondiente.

La información fue suministrada por Carlos Martínez, secretario ejecutivo del Sindicato Unión Gremial de Empleados Administrativos de la Gobernación del estado Anzoátegui (Sugreganz), acompañado de los constituyentistas de la entidad.

Martínez manifestó que una comisión, compuesta por funcionarios de la cartera de Trabajo, representantes de Sugreganz y los afectados asistieron ayer a la sede de gobierno regional para entregar las órdenes de ejecución del instrumento jurídico, pero se les negó el acceso.

“El personal de seguridad de la gobernación nos impidió entrar al edificio por órdenes del gobernador Antonio Barreto Sira”.

El representante sindical manifestó que con esta acción se evitó la medida de amparo y, por tanto, ahora se realizará de manera forzosa, como establece el ordenamiento jurídico.

“Ahora entramos en una segunda fase, porque al impedir la ejecución del amparo, entraron en desacato. Próximamente convocarán a los trabajadores a la gobernación, acompañados de los representantes del Ministerio de Trabajo, funcionarios del Ministerio Público y las fuerzas de seguridad, a los fines de que se acate esta orden de amparo”, explicó.

Respuesta
Ante el procedimiento de reenganche de los trabajadores, el equipo jurídico de la gobernación se activó, junto con la Dirección de Personal, para instalar una mesa de trabajo y canalizar la situación, de acuerdo con Gladys Urbáez, titular de esa dependencia.

La directora de Personal precisó que la inspectora del Trabajo de Barcelona pretendió que el proceso se llevara adelante sin que se escuchara la argumentación de los representantes del Ejecutivo.
Urbáez sostuvo que según la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras tanto los funcionarios como el ente contratante tienen el derecho de expresar sus argumentos.

Explicó la funcionaria que en la sede de la gobernación se estaba instalando una mesa de trabajo para tratar el problema, pero esta no se concretó porque los trabajadores y los inspectores se negaron a participar.

“Cuando se estaba a punto de comenzar el proceso con la Inspectoría del Trabajo, los contratados y funcionarios del Ministerio del Trabajo abandonaron la sede de la gobernación alegando desacato”.

Barcelona / Dayana Figueroa

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