Venezuela

Kellogg’s demandará al gobierno por uso indebido de su marca

Marco Torres fue el encargado de reactivar la planta de la transnacional / Foto: Internet

La toma de la planta de Kellogg’s de Venezuela en Maracay, estado Aragua, luego que la trasnacional estadounidense decidiera cesar sus operaciones y liquidar al personal, permitió al Gobierno reactivar la producción de cereales este 17 de mayo.

El reinicio de la producción fue promovido por el gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres, quien a través de su cuenta en Twitter, difundió un video donde se le ve acompañado de trabajadores retomando las labores productivas de una de las marcas estrella de la empresa: Corn Flakes.

Conocida la maniobra gubernamental, de no sólo ocupar las instalaciones de la compañía, sino además de utilizar la marca, la trasnacional emitió un comunicado donde advierte que “el uso indebido de los nombres comerciales y de las marcas propiedad de Kellogg’s constituye una apropiación indebida no autorizada”.

Anunció que debido al proceder de las autoridades gubernamentales ejercerá “las acciones legales disponibles que considere pertinente”.

Igualmente Kellogg’s detalló  que “no se hace responsable por el uso que se haga de sus instalaciones y equipos”.

De acuerdo con Marco Torres, la planta “tiene suficiente materia prima para una producción de aproximadamente tres meses”, y por lo tanto esta actividad seguirá pese a que los dueños intentaron cesar las operaciones.

Irrespeto

Para el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria),  Juan Pablo Olalquiaga, la ocupación de Kellogg’s de Venezuela traerá lo mismo que pasó con las compañías que el gobierno pasó a administrar en los diferentes sectores, es decir, que mostrará un desempeño negativo.

“El resultado operativo de unas empresas que no están produciendo renta y que no están generando volumen de producción y que trabajan con unas calidades muy cuestionables, es una realidad muy distinta a la que quisiéramos ver, y nos hace preguntarnos en calidad de qué el gobierno toma esas empresas como consecuencia del cerco operativo que sufrieron, donde se pierde mercado, lo que los obliga a cerrar”, expresó Olalquiaga.

El dirigente industrial consideró que “el Gobierno lo que ha hecho es robar esas empresas y ha irrespetado el estado de derecho, y que no hay justificación  para una expropiación si así lo hubieran querido”.

“El  mensaje que se va transmitiendo es que con estos actos se va destruyendo la posibilidad que otros continúen  adelante con sus empresas, somos un país que está inmerso en esta circunstancia de que no hay ley, y al final va destruyendo puestos de trabajo y a la nación en su conjunto”, resaltó.

Caracas / Andreína Vargas

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