Rafael Jiménez Moreno rejimenez@hotmail.com

Desde Caracas.- El año pasado en nuestro país se registraron más de cinco mil protestas callejeras, de las cuales el cuarenta por ciento obedecieron a una causa laboral. Algunas modalidades de protestas reprodujeron manifestaciones de disconformidad nacidas en el ámbito penitenciario: la huelga de hambre, el encadenamiento a portones (en el caso de los trabajadores de Alcasa y Venalum), la huelga de sangre o la práctica de coserse los labios.   

Esta conflictividad laboral es la expresión ciudadana de un malestar acrecentado en estos últimos cinco años, entre otras razones por la pulverización del poder adquisitivo por tres grandes devaluaciones: una figurada, con la conversión de la moneda; y dos directas, ocurridas en los años 2010 y 2011, respectivamente.   

Otro foco importante de conflictividad laboral viene dado por la dualidad del gobierno: funciona como una instancia de mediación social (entre los trabajadores y los empresarios) pero también es un patrono (de los empleados del sector público). No estamos hablando de un detalle menor, porque esta condición de patrono es lo que desvirtúa el discurso chavista del Estado obrerista y socialista.   

La negativa oficial a sentarse con los sindicatos autónomos es una de las principales fuentes de conflictividad social. El gobierno solo ha aceptado discutir los contratos colectivos de los trabajadores de cuatro sectores: telefónico, eléctrico, petrolero y docentes. Las discusiones son más teatrales que otra cosa, porque al final la administración chavista no modifica mucho más de cinco cláusulas, generalmente las de menor impacto en los beneficios sociales de los empleados. Hablamos de abusos que nadie puede reclamar, so pena de sufrir hostigamiento y pena de cárcel. En este momento, 250 dirigentes sindicales se encuentran detenidos.   

¿Quién de nosotros no ha escuchado a Hugo Chávez jactándose públicamente de que el salario mínimo de Venezuela es el más alto de América Latina? Una declaración bastante discutible porque los cálculos están hechos a partir de un dólar a 4,30 bolívares, que no se manifiesta en ninguna otra actividad de la vida económica venezolana. Es un secreto a voces que en la economía venezolana se emplea como referencia otro tipo de cambio. En el mejor de los casos (y para no meternos en líos con la ley), el cotizado en el Sitme. Pero hay otras referencias más elevadas.   

Los números del gobierno fijan el salario mínimo en 518 dólares. Pero este dinero es insuficiente para adquirir los productos de una canasta alimentaria calculada en 870 dólares; más todavía para cubrir las necesidades de una canasta básica de comida y servicios estimada en 1.700 dólares (según estadísticas del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores). En otras palabras, en Venezuela se necesitan dos y medio salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria, y cuatro y medio salarios mínimos para costear la canasta básica de comida y servicios. Son, pues, datos que desnudan, en todo su dramatismo, la verdadera situación de los trabajadores venezolanos: una de las poblaciones mundiales peor pagadas del planeta.