Andrés Cañizalez

Desde Caracas.- Conviene explicar, en primer lugar, lo que se entiende por paraísos fiscales. Se trata de territorios donde quienes huyen de los impuestos, andan en negocios turbios o sencillamente aquellos que quieren ocultar sus fortunas, encuentran suelo fértil para colocar su dinero. En el Caribe unas cuantas islas son catalogadas como paraísos fiscales, mientras que en Europa se destacan Andorra y Mónaco, entre otros.    

Bajo esa misma lógica, que no es otra que librar al territorio de amenazas, el pasado 27 de enero el parlamento de Islandia tomó una histórica decisión al declarar a ese país del extremo norte europeo como el primer “paraíso de la libertad de expresión”. Tal decisión hace voltear la mirada sobre este pequeño país, en población, ya que apenas sobrepasa los 300 mil habitantes, pero con un nivel de vida envidiable. En el top de todos los rankings de desarrollo, libertades y bienestar, el parlamento de Islandia aprobó la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (Immi), detrás de la cual –ha especulado la prensa internacional- está nada menos y nada más que el fundador de Wikileaks, Julian Assange.    

Debe decirse que Immi no tiene precedentes y marca, genuinamente un hito en materia de libertad de expresión y derecho a la información. ¿En qué consiste la nueva legislación?

Entre otras cosas le otorga garantías a quienes publiquen -sobre todo digitalmente- de que su información nunca será censurada. Ofrece protección jurídica a las fuentes, así como a las comunicaciones entre los periodistas y éstas. Se incluyen también medidas que permitan poner fin a lo que se conoce como “turismo de la difamación”, que es aquella práctica de presentar demandas -adelantadas por grupos económicamente poderosos- en países donde la legislación sea más favorable, con independencia de los países donde están establecidas las partes. En virtud de estas propuestas, aquellos que sean acusados de difamación podrían plantear un contra-proceso en Islandia.    

De acuerdo con las versiones de la prensa internacional, los legisladores islandeses han estudiado la jurisprudencia relacionada con los paraísos fiscales y terminaron aprobando un ‘bunker’ de protección jurídica de la libertad de expresión, el cual es análogo al de las relaciones de confidencialidad que disfrutan en los paraísos fiscales “banqueros o abogados”.    

Estas medidas tienen como objetivo no sólo la protección de los periodistas, sino también de las empresas que publican su trabajo, las páginas que recogen la información u otros intermediarios. La idea es crear un marco favorable para el periodismo de investigación y para la libertad de expresión en un entorno propicio capaz de atraer a los medios de comunicación del mundo entero.    

Debe recordarse que Islandia, largamente, ha estado a la cabeza de la clasificación y valoración sobre la salud de la libertad de expresión que hacen entidades como Reporteros Sin Fronteras.    

La Immi fue aprobada de forma unánime por el parlamento de Islandia. Según uno de sus promotores, el ciberactivista Smari McCarthy, “queremos sumar todas las leyes más avanzadas en materia de libertad de prensa, para crear un ejemplo al que otros estados del mundo quieran sumarse”.    

Algunos columnistas venezolanos, como es el caso de Laureano Márquez, quien ya ha enfrentado varios procesos judiciales, tal vez deban pensar en trasladarse a Islandia, para poder ejercer plenamente su derecho a expresarse. Islandia, sin duda alguna,  ha dado un claro ejemplo de cómo debe defenderse la libertad de expresión.