José Félix Díaz Bermúdez

El análisis que realiza el catedrático Español Manuel Núñez Encabo en el artículo denominado “Código Deontológico o Código Penal”, publicado en el diario EL PAIS, el 07 de Enero de 1997, destaca la importancia de la creación por parte del Colegio de Periodistas de Cataluña del primer Código de Deontología del Periodismo para el momento adoptado en España, y alrededor de esta información, hace una serie de análisis y consideraciones sobre el rol de los medios, de los periodistas y como debe ser entendida la situación de la ética periodística en España y en Europa, justificando de manera oportuna los distintos elementos de esa propuesta.

El autor enfoca dos grandes disyuntivas: en primer lugar, la necesidad de atender las quejas de los ciudadanos españoles en cuanto a los contenidos informativos y su relación con la ética, y, por otra parte, la alternativa en cuanto a esa demanda de contenidos éticos y las exigencias de la publicidad, dinero y poder.

En el centro del problema actual, el autor califica como la información ha sido asimilada, en ciertos casos, a una especie de “mercancía”, a través del mensaje de los medios e igualmente como una forma de crear poder político, bien a favor o bien en contra de un determinado interés partidista o gubernamental, creando -tal y como expresa el autor- una: “opinión pública favorable o contraria a los poderes del Estado” o favorable a otro tipo de intereses, pero tanto uno como otro condenable si supone una forma de manipulación contraria a la ética periodística de la opinión pública en atención a un fin determinado.

Esto nos ubica en la consideración de que el medio y sus mensajes son utilizados inadecuadamente como forma de captar audiencia, publicidad y recursos, o para favorecer indebidamente intereses políticos y económicos, más que como una forma objetiva y profesional de recepción y difusión de información.

¿Qué importancia tiene esa apreciación del autor? Nada menos y nada más por el hecho de que depende de la ética periodística en distintos niveles que los medios de comunicación privados o públicos no distorsionen su verdadero rol, y se ajusten a su verdadera regla de conducta como es permitir: “una opinión pública plural e independiente, requisito indispensable para el desarrollo de la vida pública, y la plenitud del sistema democrático”.

Resulta pues de la esencia del sistema democrático la formación de una opinión pública libre, crítica, reflexiva e independiente, capaz de comprender los problemas actuales y establecer una posición que sirva para reorientar el curso de un país, al disponer la opinión pública, como entidad social, de diversos canales y mecanismos de expresión legítimos y necesarios para manifestarse.

Al destacar la importancia de los medios de comunicación y designarlos como agentes -que lo son indispensables y útiles- para la formación de esa opinión pública libre, reflexiva y democrática y, al mismo tiempo, como un vehículo fundamental de la expresión plural de una sociedad, resalta Núñez que: “es necesario preservar el ejercicio del periodismo de las presiones externas tanto de los poderes políticos, como de los intereses de los poderes económicos”.

Obviamente –tal y como lo reconoce el catedrático- no resulta fácil establecer ese equilibrio de intereses, derechos y libertades identificados como: “la libertad de expresión de editores y periodistas y el derecho los ciudadanos a recibir informaciones veraces y opiniones éticas”.

Para lograr tal fin, Núñez examina diversas alternativas de control, una proveniente del Estado, que obviamente es legal, pero que no lo sería cuando se desarrolla en términos de indebida presión y amenazas hacia los medios, lo cual puede implicar un indebido atentado a las libertades y derechos dentro de los cuales deben desenvolverse los mismos (estamos hablando de libertades básicas: la libertad de expresión, la de empresa y de información que están por encima de cualquier voluntad arbitraria) como canal para la expresión del libre pensamiento en una sociedad democrática, y, la otra, la existencia de mecanismos de regulación interna, como son precisamente los que el propio medio y sus periodistas pueden establecer considerando con profesionalismo los contenidos éticos de las informaciones y los derechos a la información oportuna y veraz propios de los ciudadanos.

Ese equilibrio es posible y solo puede establecerse en el marco de sociedades libres, equilibradas y conscientes de sus derechos y con reales posibilidades de respeto y defensa de los mismos.

En ese aspecto para lograr conseguir tal equilibrio, Núñez insiste en la importancia de la responsabilidad ética de los medios y que la misma se asuma públicamente, por formar parte de: “una ética social y pública”, que se realiza en esa interacción constructiva entre la sociedad y el medio y que, muchas veces, se consolida en aspectos esenciales como son: la credibilidad, la aceptación, el reconocimiento, el respeto bien ganado que el medio alcanza como expresión legítima de la sociedad. El medio pues entendido como un actor social cumplidor de una elevada función pública en un país libre, que se desenvuelve para construir un real Estado de Derecho, como agente de libertades fundamentales y defensor de las mismas, con ética y con Responsabilidad Social.

Una adecuada forma para asegurar esos objetivos, es el establecimiento y cumplimiento de Códigos de Ética, y en el caso particular de España, mediante la formación de un Consejo de Información, entre cuyos objetivos se encuentre: “mantener o recuperar la credibilidad de los medios de comunicación y la dignidad de la profesión periodística, factores indispensables para el desarrollo democrático”.

Lo anterior nos permite concluir que no hay democracia sin medios de comunicación libres, plurales y responsables, donde la profesión periodística no pueda ejercerse con reales garantías para sus integrantes y donde no se preserven los derechos de la sociedad, para hacer compatibles las libertades de todos.

Concluía Manuel Núñez Encabo, su evaluación de la situación de los medios en Europa, expresando que: “Si no se asume por los medios, editores y periodistas, el máximo ético del autocontrol a través de la aprobación de auténticos códigos deontológicos, la indefensión en que se encuentran los ciudadanos ante los reiterados abusos en el ejercicio del periodismo servirá de coartada para que se solicite la imposición de un máximo jurídico, a través de la aplicación del Código Penal, a los contenidos informativos, con las graves consecuencias previsibles para la libre expresión”, lo cual obviamente debe evitarse siendo necesario asegurar la existencia y la calidad del medio de comunicación como institución esencial del sistema democrático y de la sociedad.