Fernando Chumaceiro

Lo menos que se podría esperar de un gobierno presidido por un militar, en el cual numerosos miembros de las Fuerzas Armadas –así en plural– ejercen elevadas y múltiples funciones públicas en ministerios, institutos autónomos, empresas del Estado, gobernaciones y alcaldías es que los habitantes disfruten de un real ambiente de seguridad individual, de austeridad administrativa, de disciplina en el gasto público, de eficacia y eficiencia en la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades, de drástica reducción de los índices delictuales, entre muchas otras materias, cuya responsabilidad, de acuerdo con la Constitución, corresponde al Poder Nacional.

No obstante lo anterior, hay que decir que no es ese el caso en Venezuela. Jamás se había desbocado tanto la delincuencia como en los últimos catorce años. No se trata solamente de delitos de hurto y robo, sino también de homicidios, simples y calificados, de asesinatos a mansalva, de violaciones a menores y adultas, de lesiones y de secuestros, ante los cuales el gobierno nacional actúa como si la seguridad personal de los habitantes del país no fuese materia de su competencia En cuanto a los delitos contra la cosa pública éste gobierno parece desentenderse de ellos, debe ser por eso que  el llamado ¡irónicamente! “Poder moral” goza de una inamovilidad eterna. Al hablar de “gobierno nacional” incluyo en el concepto todas las instituciones e instancias del Poder Público Nacional, es decir, además del Poder Ejecutivo Nacional, el Legislativo, el Judicial, el Ciudadano y el Electoral, como lo señala el artículo 136 de la Constitución Nacional.

Las calles han sido tomadas por el hampa, en ellas están más seguros los delincuentes que los ciudadanos, así como en las zonas fronterizas, al parecer, están más seguros los irregulares que los mismos venezolanos. A pesar del desempleo que afecta gravemente a la población, el gobierno nacional contrata personal extranjero para realizar tareas, por ejemplo, en el campo de la educación y la salud, que muy bien podrían desempeñar médicos y maestros venezolanos.

Jamás la ignorancia estuvo tan entronizada en tantas áreas de la administración pública como en estos últimos catorce años. En las condiciones en que actualmente se encuentra el país, reconstruir la institucionalidad de la República exigirá un gran esfuerzo y más de una generación.

Un gran esfuerzo colectivo espera a los venezolanos en algún recodo de la historia inédita. El futuro puede y debe ser construido en paz, en libertad y en justicia. Esa será nuestra segunda y definitiva independencia.