"Defensoría del Pueblo es cómplice de la criminalización de la protesta"

19.09.2011 05:20 AM El director del Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela ve con preocupación la construcción de un andamiaje legal dirigido a penalizar el reclamo ciudadano

Juan Pablo Arocha

Marco Ponce indica que las principales demandas de las protestas anzoatiguenses son empleo, seguridad y vivienda

Marco Ponce indica que las principales demandas de las protestas anzoatiguenses son empleo, seguridad y vivienda Foto: W. Yustis

Caracas.- En lo que va año, el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela (Ocsv) ha registrado más de 3 mil protestas en el país.  Esta cifra equivale a una docena de manifestaciones por día y perfila a 2011 como el de  más acciones de calle del período revolucionario, superando las aproximadamente 3 mil 300 contabilizadas en 2010.
 
“Alrededor de 40% de los conflictos que se han producido en 2011 están relacionados con temas de derechos laborales”, precisa Marco Antonio Ponce, relator del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y director del Ocsv. Este Observatorio está adscrito al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y mantiene un monitoreo constante de las protestas en el país  para evaluar tendencias y contribuir al informe anual de garantías fundamentales que emite Provea.
 
En la última década han contado 19 mil 250 protestas en todo el país, de las cuales al menos 5 mil 913 han implicado cierre de calles. Y  tan sólo en 2011 registran 120 huelgas de hambre.
 
Último recurso

-¿Las protestas tienen alguna tendencia política?

-No hay relación. Eso se mide, por ejemplo, viendo que  Anzoátegui y Zulia, estados de alta conflictividad, tienen administraciones regionales de colores distintos. El tema no es realmente querer molestar a un gobierno, la gente lo que está pidiendo es que se le respeten sus derechos humanos.

-¿Podrían existir grupos partidistas que incentiven las manifestaciones?

-Con el monitoreo diario podemos inferir que la participación política es mínima. Eso lo vemos en el ránking. Las acciones para exigir derechos políticos son mínimas y las actividades propuestas por actores políticos son incluso inferiores. Lo que ocurre es que mediáticamente ocupan mucho espacio, pero la realidad no es esa. Lo real es que en Venezuela los vecinos, los trabajadores, son los que más protestan. Siendo este un gobierno socialista, cuya bandera es la garantía de los derechos sociales,  llama la atención que sus principales problemas sean de carácter social: derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación.

-¿Quiénes protestan?

-Principalmente personas del sector público, exigiéndole al Estado que cumpla con el pago de compromisos, de deudas, discusión de contrataciones colectivas. El estado Bolívar está de primero en el ránking de protestas laborales. La ausencia de políticas públicas integrales afecta a este sector  clave de las industrias básicas. Se está conformando una bomba de tiempo, que afortunadamente hasta este momento se ha mantenido de forma pacífica.

-¿Cuándo puede explotar esa bomba de tiempo?

-No me refiero a acciones violentas. Podría ocurrir que el país se paralice. ¿Por qué hago esta reflexión? Hemos visto que en 2011 han ocurrido paros cívicos. Históricamente, los actores sociales en Venezuela han venido protestando de forma aislada -estudiantes, trabajadores y vecinos- y ahora, vemos estos fenómenos donde toda la ciudad se paraliza.
 
-¿Este fenómeno se replica igual en Anzoátegui?

-En el Oriente del país en general hay tres temas que destacan en las manifestaciones: lo laboral, la seguridad ciudadana y la vivienda. Hay un problema tremendo sobre este último aspecto, con las ocupaciones ilegales y la ausencia de viviendas. Cuando evaluamos los estados que más protestan en el país, siempre encontramos a Zulia, Distrito Capital y Anzoátegui, que están compitiendo por ser las regiones donde se producen más manifestaciones. Poco a poco se ha ido diversificando el accionar en todo el país.

-Sus informes revelan una radicalización de las protestas. ¿A qué se refieren?

-Antes de 2010 la radicalización de las protestas sólo se observaba en personas privadas de libertad, en condiciones de confinamiento. Ocurría porque no tenían la capacidad de hacerlo saber a la opinión pública. Ahora, lo preocupante es que vemos a la sociedad civil tomando la misma modalidad. Eso nos dice que efectivamente estos actores están tan desesperados como los que están privados de libertad. Hasta abril medimos que 4% de las protestas ya radicalizadas, se radicalizaron aún más cosiéndose la boca o sacándose la sangre.

-¿Falla del Estado en dar respuestas?

-Sí, esa es una de las premisas, la falta de respuestas oportunas. La evaluación que nosotros hacemos es que en la radicalización, en la mayoría de los casos, se han logrado éxitos entre parciales y totales. La gente cierra una vía porque sabe que al final la lucha va a tener respuesta.

-El Ejecutivo acusa a los medios de  incentivar las huelgas de hambre. ¿Cuánta responsabilidad real puede tener la prensa?

-Realmente lo que se tiene que ver es el origen del problema: la ausencia de garantías de derecho. Cuando la gente cierra una vía o hace una concentración, es porque ya ha pasado por todas las instancias de gobierno. No es que se despertó en la mañana con ganas de manifestar porque no hay agua. Cuando no hay respuesta es que salen, aunque 98% de las protestas en Venezuela son de carácter pacífico. Y en la mayoría de las acciones las respuestas dependen de simples trámites administrativos.

-¿Hubo algún cambio significativo en 2006, pues de acuerdo con sus registros, desde ese año se han incrementado las manifestaciones?

- Hay muchos elementos de la administración pública que inciden en esta situación. En el caso de la vivienda, por ejemplo, hay que preguntarse cuántos ministros han pasado por ese despacho en los últimos años. Cada uno llega con un plan, con una concepción diferente. El gobierno no ha tenido un plan maestro. Las protestas se han incrementado muchísimo. En 1999 teníamos un promedio de 800 protestas al año. Ahora tenemos una espiral de casi 3 mil manifestaciones en el primer semestre de un año.

-Sin embargo, ustedes dicen que resienten una actitud represiva de parte del Estado.

-Ahora existe un tipo de represión mucho más inteligente, que ha ido creando el gobierno a través de las leyes. En Venezuela, hasta 2010 teníamos registros de más de 2 mil 500 personas privadas de libertad  o con procesos penales abiertos por ejercer su derecho a la protesta. Le imputan leyes que son inconstitucionales, que nos preocupan muchísimo. Hay una política de Estado para criminalizar la protesta, con la complicidad de la Defensoría del Pueblo.

-¿Cómo se compara esta conflictividad de Venezuela con respecto a la región?

-Venezuela tiene los índices más altos en Latinoamérica. Hay un fenómeno interesante en la región, porque en la mayoría de los casos las protestas son temáticas: los mapuches manifiestan en Chile, los piqueteros en Argentina, los indígenas en Bolivia. Son conflictos muy temáticos. Sin embargo, en el caso venezolano se produce un grupo heterogéneo: toda la sociedad está en la calle exigiendo derechos.

De perfil

-  La vida profesional de Marco Antonio Ponce, bibliotecólogo, ha transcurrido entre la Universidad Central de Venezuela y el activismo en Derechos Humanos.

- Trabaja, con el resto del equipo del Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, en la documentación del comportamiento de los ciudadanos en manifestaciones durante procesos electorales.

- Participó en la redacción del informe entregado por organizaciones no gubernamentales criollas  a la ONU, la cual -por primera vez, el próximo mes- evaluará al Estado venezolano en la materia.

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