Ley propone diferenciar al pequeño propietario del latifundista urbano

28.02.2011 05:03 AM El borrador de la norma que regulará los alquileres de vivienda abre el espacio para la polémica entre dueños de inmuebles y arrendatarios

Andreína Vargas

Rígel Sergent (izquierda) defiende la socialización de la vivienda y Roberto Orta considera discriminatoria la ley

Rígel Sergent (izquierda) defiende la socialización de la vivienda y Roberto Orta considera discriminatoria la leyFoto: W. Yustis

Caracas.- La relación inquilinaria vive tiempos convulsos en el país.  Tras  la incertidumbre generada por  el oficio emanado    de  la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), -que suspendió desde el  14 de enero  los desalojos inmobiliarios-,    se  abrió un nuevo espacio para    la polémica y el     debate  con el  anuncio de una  ley, de iniciativa popular, para regular la materia.

Arrendatarios y propietarios iniciaron una suerte de agrupación de fuerzas en defensa de lo que consideran sus  respectivos derechos. Los primeros,  una vivienda digna; y los segundos, la propiedad privada.

Discernir los límites de los deberes y responsabilidades de   dueños e inquilinos  correrá por cuenta de una  nueva norma.  Esa fue la tarea que se propuso  la  Red Metropolitana de Inquilinos,  colectivo del Movimiento de Pobladores, que este 3 de marzo entregará a la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios.   El contenido del borrador de  166 artículos,  divulgado la semana pasada por el  Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)   regula los alquileres y los desalojos; reformula la administración y competencia en materia inquilinaria,  y también impulsa la transformación de la relación arrendaticia.

Rígel Sergent,  vocero de la Red  de Inquilinos, señaló que el papel de trabajo presentado para recolectar las 17 mil 800 firmas que lo avalarán como iniciativa popular,  ha seguido en discusión,  porque además de  erradicar  la visión mercantilista de la vivienda,  busca diferenciar al pequeño propietario del  latifundista urbano (el  poseedor de múltiples inmuebles para alquiler).

Débil jurídico
La distinción entre propietarios, explicó,   será uno de los puntos principales, porque “la ley vigente  trata por igual a los dueños de muchos inmuebles y al pequeño arrendador.

“Sin embargo,  esa relación  no es igual, pues existe una condición económica distinta entre esos dos grupos que debe ser considerada”.

Para darle el “carácter humano” a la relación inquilinaria, indicó Sergent,  se estudia que   la “ley sea más  rígida y dura con los grandes propietarios que con los pequeños”.  

Aún se  evalúa el camino que se seguirá para definir cómo se diferenciará  a los dueños de inmuebles.

Sin embargo, Sergent puso como ejemplo  que    la Dirección Nacional de Inquilinato -instancia  a ser creada para garantizar el cumplimiento del texto legal-  podría constatar la necesidad real del pequeño propietario de recuperar su vivienda y gestionar la reubicación del inquilino.

En el caso del gran propietario que injustificadamente no quiera renovar el contrato, podría estipularse la venta del inmueble. El postulado de la  Red  de Inquilinos, destacó, es “socializar” la vivienda, protegiendo al débil jurídico de la relación arrendaticia, que al igual que  el inquilino, también puede ser el pequeño propietario.

Apunto que este último, a diferencia de las grandes corporaciones inmobiliarias o familias acaudaladas dueñas de edificios, no tiene los recursos para costear un proceso judicial.

Mientras la Red Metropolitana sortea los límites legales de la tesis de la diferenciación entre propietarios,  el vocero del Frente Nacional  por la Propiedad (FNP), Roberto Orta, consideró “discriminatorio”  pretender distinguir los derechos entre los dueños.

“El trato debería ser igualitario entre los propietarios, porque no es un delito poseer varias viviendas”, sostuvo Orta al agregar que si las unidades habitacionales  han sido adquiridas de manera honesta, resultará irregular que se obligue a la venta o que se estipule su   expropiación.

A su juicio, la diferenciación planteada por la Red de Inquilinos busca  darle sustento al término de “latifundio urbano” que viene empleando el Gobierno contra los propietarios. Refirió que las estimaciones de las asociaciones civiles que protegen la propiedad privada dan cuenta de que  la inmensa mayoría de los dueños  de  1 millón 500 mil unidades en alquiler en todo el país, se encuentran en los sectores populares o en la clase media.

El también presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos criticó que se estén adelantando modificaciones a un papel de trabajo que fue presentado a la  ciudadanía para que lo respaldaran con firmas. “La propuesta debía ser firme y no estar sujeta a cambios, porque no se estará respetando lo presentado por  la gente”.

Dos visiones
 Sergent dijo que el texto corregirá también las distorsiones que aquejan al sector.  

Destacó que el artículo 65, donde se estipula una tabla de rentabilidad para la fijación de los alquileres (de 3% a 6%), lo que  hace es “sincerar” el valor de los arriendos para frenar la especulación.

En su opinión, que otro  beneficio del instrumento es la eliminación  de los desalojos arbitrarios. Precisó que el artículo 121 supedita la desocupación judicial  a la reubicación del inquilino en una vivienda alterna o  su traslado a un refugio administrado por el Estado. “No se tratará de un desalojo, sino más bien de una reubicación, garantizada por los entes públicos”.

Si bien Sergent se muestra optimista y confiado en el trabajo realizado en defensa de los inquilinos, Orta discrepa y aduce que aunado a la exclusión de los propietarios en la redacción del texto, el anteproyecto es “improvisado” y muestra contradicciones legales, tanto de forma como de fondo, que deberán ser reformuladas para no castigar a ninguna de las partes de la relación inquilinaria.

Llamó a retomar la discusión del proyecto legal realizado por todos los sectores entre 2007 y 2008, pero que ante la falta de voluntad política del parlamento nacional, permanece engavetado.

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