Locales

Adjudicatarios del mercado porteño aseguran que la alcaldesa quiere apoderarse de los puestos

Por segundo día consecutivo, adjudicatarios del mercado municipal de Puerto La Cruz rechazaron imposición de un administrador local / Foto: Archivo

Por segundo día consecutivo, los adjudicatarios del mercado municipal de Puerto La Cruz rechazaron la imposición de un administrador por parte del ayuntamiento.

A pesar de que los comerciantes no consiguieron explicación sobre la medida tras la visita a la alcaldía de este lunes, con la resolución en las manos, emitida el pasado 1° de octubre, el presidente de la Asociación de Trabajadores del mercado municipal de Puerto La Cruz (Asotram), Luis Villarroel, manifestó que el principal objetivo de la alcaldesa Herminia García es tener el control de los puestos comerciales.

“Volvemos a la cuarta, porque utiliza las mismas ordenanzas del año 92 cuando la alcaldesa de ese entonces privatizó el mercado colocando a un militar que atropelló a los trabajadores, de ahí nace Asotram por una autorización que dictó un tribunal. Ella sabe el valor comercial que tienen los puestos”.

Resaltó que el artículo séptimo señala que el encargado del expendio debe desconocer la relación de arrendamiento o sub-arrendamiento no autorizada por la municipalidad. De igual forma, supuestamente dice que no está permitida la relación de una persona o un grupo familiar en dos o más locales.

La adjudicataria Doris Pinto comentó que la mandataria local viola las leyes policiales al designar al subdirector de la Policía del municipio Sotillo (Polisotillo), José Rebolledo, como administrador. Aseguró que ningún policía puede desempeñar dos cargos en áreas distintas.

“Aquí hay un pueblo. Detrás de cada trabajador hay hasta 20 familias y no vamos a permitir que ella se imponga. Ella nació de la política y nosotros la hemos puesto, así como nos quiere quitar la paz, nosotros se la podemos quitar a ella con un revocatorio. Aquí están los barrios, si los movemos pueden salir”, expresó.

Desconocimiento

Según el comerciante Francisco García, ni los concejales de la Cámara Municipal tenían conocimiento de la medida, por lo que pedirán un derecho de palabra en la sesión que se llevará a cabo este jueves.
“Quieren silenciar la democracia del poder popular, la libertad de expresión que tuvimos los adjudicatarios con la elección de la administración. Si la alcaldesa tiene un candidato que venga y participe para que sea electo como debe ser”.

Ante el panorama, García instó al Ejecutivo nacional que adelante una investigación con participación de cuerpos seguridad que no tengan nada que ver con la entidad.

El adjudicatario y representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el municipio, Andrés López, solicitó la intervención de la tolda oficialista y de la protectora del estado, Stella Lugo, para que hagan un llamado a rectificación por parte de la alcaldesa.

Dijo que no se pueden desconocer a las personas electas por el poder popular y menos violentar los derechos de los trabajadores.

Los comerciantes concluyeron que con estas acciones, la mandataria está poniendo en juego el triunfo del oficialismo en las venideras elecciones y abriéndole la entrada a un revocatorio para escoger a un nuevo alcalde.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

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