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EEUU acusa a fundador de WikiLeaks de publicar información confidencial

Assange está siendo procesado por difundir documentos que muchos periodistas consideraban de valor noticioso / Foto: AP

En un caso con enormes implicaciones para la Primera Enmienda constitucional, Estados Unidos presentó el jueves nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en los que lo acusa de violar la Ley de Espionaje al publicar miles de documentos reservados, incluidos los nombres de fuentes confidenciales para las fuerzas armadas estadounidenses y diplomáticos.

En una imputación de reemplazo por 18 delitos, los fiscales del Departamento de Justicia alegaron que Assange instruyó a la exanalista del Ejército Chelsea Manning para llevar a cabo una de las mayores sustracciones de información confidencial en la historia de Estados Unidos. Asegura que el fundador de WikiLeaks dañó la seguridad nacional al publicar documentos que perjudicaron al país y sus aliados y ayudaron a sus adversarios.

El caso se ventila en momentos en que el Departamento de Justicia combate las filtraciones de seguridad nacional, y plantea preguntas inmediatas sobre la libertad de prensa, incluyendo si las acciones de Assange — tales como solicitar y publicar información reservada — son distintas a lo que hacen los periodistas tradicionales. Esas mismas preocupaciones fueron las que llevaron al Departamento de Justicia durante la presidencia de Barack Obama a titubear al momento de presentar cargos por acciones similares.

Barry Pollack, abogado de Assange, dijo que los “cargos sin precedentes” en contra de su cliente ponen en riesgo a los periodistas que laboran para informar al público sobre las acciones del gobierno estadounidense. La organización Reporters Committee for Freedom of the Press (Comisión de Reporteros por la Libertad de Prensa) dijo que el caso era una “grave amenaza” a la libertad de información.

Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron el jueves que creen que Assange se alejó de las protecciones que otorga la Primera Enmienda, la cual garantiza la libertad de expresión.

“Julian Assange no es un periodista”, dijo el subsecretario John Demers, el principal funcionario de seguridad nacional del Departamento de Justicia. “Ningún agente responsable, periodista o de otra índole, publicaría a propósito los nombres de individuos que él o ella saben que son fuentes confidenciales, exponiéndolos a uno de los peligros más graves”.

A lo largo del documento, los fiscales intentan establecer una distinción entre las acciones de Assange como fundador y “rostro público” de WikiLeaks y la labor de los periodistas.

Resaltaron, por ejemplo, que promovió su sitio web a una convención de hackers europeos y publicó una lista de información confidencial que él buscó y tituló “Las filtraciones más buscadas de 2009”. Describieron la forma en que Assange trabajó con Manning para acceder de manera ilegal a computadoras del Departamento de Defensa y obtener acceso a miles de páginas de material, y la alentó mientras ella inspeccionaba las bases de datos en busca de información.

Los fiscales también señalaron que el peligro no fue sólo para el gobierno estadounidense, sino para las personas que trabajan en él.

Los reportes que publicó Assange sobre las guerras en Afganistán e Irak incluyeron los nombres de los afganos e iraquíes que proporcionaron información a las fuerzas estadounidenses y de la coalición, además de que los cables diplomáticos que difundió dejaron expuestos a periodistas, líderes religiosos, activistas por los derechos humanos y disidentes en países represores.

“Assange creó un peligro grave e inminente de que las personas inocentes que nombró pudieran sufrir daño físico grave y/o detenciones arbitrarias”, indicaron.

En una entrevista de agosto de 2010, Assange dijo que era “lamentable” que las fuentes que reveló WikiLeaks pudieran resultar perjudicadas, pero que su sitio “no estaba obligado a proteger las fuentes de otras personas”, según la imputación.

Los nuevos cargos con base en la Ley de Espionaje van mucho más allá de la imputación inicial en contra de Assange que se hizo pública el mes pasado, en la cual se le acusaba de asociación delictuosa con Manning para descifrar la contraseña de una computadora del Departamento de Defensa.

Además de lo de la Primera Enmienda, la imputación plantea un segundo dilema ético para los periodistas. Las organizaciones noticiosas de todo el mundo utilizaron ampliamente el material de Manning, que proporcionaba información previamente inaccesible sobre el centro de detención de Bahía de Guantánamo, las guerras en Irak y Afganistán y la diplomacia internacional.

Assange está siendo procesado por difundir documentos que muchos periodistas consideraban de valor noticioso.

Assange, de 47 años, está detenido en Londres luego de ser desalojado de la embajada de Ecuador en abril. Ha dicho que se defenderá de cualquier intento por extraditarlo a Estados Unidos.

Manning, quien fue condenada en una corte militar por proveer de documentos confidenciales a WikiLeaks, actualmente se encuentra en una prisión del norte de Virginia por un cargo civil de desacato.

Manning ha estado encarcelada desde marzo en el Centro de Detención de Alexandria después de que se rehusó a testificar ante un jurado investigador por el caso de WikiLeaks. Ese jurado investigador actualmente está en sesión en Alexandria, en donde Assange fue acusado. Ella podría permanecer en prisión hasta 18 meses, la totalidad del término del jurado investigador actual.

Manning ha dicho que cree que la fiscalía quiere interrogarla sobre la misma conducta por la que fue condenada en la corte marcial. Pasó encarcelada siete años de una sentencia militar de 35 años, antes de recibir una condonación del entonces mandatario Barack Obama.

Washington / AP

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