Venezuela

Estudio apunta que sanciones no son la causa del desplome del ingreso

Asdrúbal Oliveros señaló que mientras no se hagan los correctivos necesarios el dólar seguirá con una tendencia alcista / Foto: Archivo

Desde finales de agosto de 2017, cuando Estados Unidos impuso las primeras sanciones económicas contra la administración de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ha buscado restringir el financiamiento del gobierno venezolano y presionar al jefe de Estado, considerado como “ilegítimo” por la Asamblea Nacional (AN) y por buena parte de la comunidad internacional, para que ceda la Presidencia del país.

A partir de ese momento, el Gobierno nacional ha atribuido a las medidas aplicadas por Washington el origen de la severa crisis que afronta el país. Sin embargo, el colapso económico no tiene nada que ver con esa decisión, pues la crisis ya había estallado en 2014, un año después de que Maduro asumiera el poder y varios años antes de las primeras penalizaciones de importancia, de acuerdo con el estudio de la Organización No Gubernamental (ONG) Provea, “Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela”, elaborado por el economista Manuel Sutherland.

Así, por ejemplo, el asalariado venezolano lleva al menos 13 años perdiendo poder adquisitivo, cada vez de una manera más pronunciada. Entre 2006 y marzo de 2019, el ingreso mínimo legal cayó más de 85%, y entre 2001 y 2019 el sueldo medido en dólares prácticamente se desplomó por completo: 99%, según lo señala Sutherland, quien también es director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo).

“Las primeras sanciones financieras ocurren en agosto de 2017. Ya en esa fecha el ingreso había caído más de 83%. Además, de 400 dólares pasamos a ganar menos de 10 dólares mensuales en marzo pasado. Las sanciones no son las causas de la crisis, pero sí la alimentan de manera negativa. Llevan a un aumento en la brecha de pobreza, y los sectores no gubernamentales de la población sienten el mayor impacto”, dijo.
De enero a septiembre de 2006, año en que Hugo Chávez fue reelegido Presidente, el salario mínimo integral –sueldo base y bono de alimentación– subió de 774 mil 600 a 881 mil 925 (de los de antes del llamado “fuerte”), ingreso que duró hasta enero de 2007 y que era proporcional a 304,11 dólares. Diariamente una persona percibía, como mínimo, lo equivalente a 10 dólares.

Más de una década después, en marzo de 2019, un asalariado venezolano recibió 19 mil 800 bolívares soberanos, que no representaban ni 6 dólares, es decir, 0,2 dólares diarios.

Luego del incremento de 228% del salario mínimo integral, que lo ubicó en 65 mil bolívares soberanos (40 mil más 25 mil de cesta ticket) a partir del 16 de abril, el valor del ingreso en dólares subió un poco para situarse en 9,96 dólares al tipo de cambio oficial que el Banco Central de Venezuela (BCV) cotizaba el 21 de junio en Bs 6 mil 522,69 – esto es, 0,32 dólares diarios.
De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el ingreso mínimo legal cubría la totalidad de la canasta alimentaria normativa, que se ubicó en 480 mil bolívares en 2006.

En mayo de 2019, con el salario de Bs 65 mil apenas se pudo adquirir 2,54% de la Canasta Alimentaria para una familia de cinco miembros, medida por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas –FVM), que se ubicaba en Bs 2 millones 552 mil 836,38, un aumento de Bs 628 mil 571,36 (32,7%) con respecto al mes de abril, cuando se situó en Bs 1 millón 924 mil 265,02, y un incremento de 115.865,3% entre mayo de 2018 y mayo de 2019.

Para adquirir la cesta referida a una familia de cinco miembros, se requieren 63,8 salarios mínimos de Bs 40 mil, es decir, 85.094,54 bolívares diarios, más de dos salarios mínimos cada día.


El Cendas afirmó que 15 de los 60 productos que contiene la canasta escasearon en mayo: leche en polvo, mortadela, atún enlatado, sardinas enlatadas, margarina, avena, azúcar, aceite de maíz, caraotas, arvejas, lentejas, arroz, pastas alimenticias, pan, queso amarillo: el 25% de los 60 insumos que componen la cesta.

Arma ideológica
El 29 de enero de 2019, el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció la prohibición de operaciones con Pdvsa, mientras que los fondos y pagos hechos por EEUU serían depositados en cuentas congeladas a las que no tendría acceso el gobierno de Maduro. Previamente, el 24 de agosto de 2017 el presidente Donald Trump emitió un decreto con el cual se “prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su petrolera estatal”.

“Desde el año 2004 se han venido llevando políticas que facilitaron e incentivaron la exportación de la renta petrolera, puntualmente: la sobrevaluación de la moneda, la expansión importadora estatal y privada, la fuga de capitales a través de elementos financieros y la triada: endeudamiento externo, sobrefacturación importadora y sobreprecios en la importación. Todo ello condujo a la destrucción del aparato productivo”, apunta Sutherland en su informe.

El experto egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) como economista con doble mención (Planificación y Presupuesto), asevera que, en efecto, el gobierno de Maduro se beneficia ideológicamente de las medidas tomadas por Washington, pues son su única excusa abiertamente utilizada para reconocer que sí hay crisis, pero por “culpa de las sanciones”.
“Las sanciones son (ideológicamente) extremadamente útiles a los gobiernos que las sufren. Estas, al ser en efecto políticas que buscan destruir la economía del país que las sufre, es decir, lograr la asfixia económica, sirven de excusas geniales para culpabilizar al “enemigo externo” de los propios errores locales.

Ello permite moralizar a sus bases de adeptos y victimizar a los gobiernos que las sufren y empiezan a gastar ingentes recursos en propaganda barata, exagerada y falaz; para que les retiren las sanciones. Con ello, los gobiernos culpan de la imposibilidad de crecimiento económico a las sanciones y poco a poco la gente internaliza la situación política y tiende a naturalizar la crisis”, señala el informe de Provea.

El documento indica que las sanciones incrementan notablemente las limitaciones para importar y conseguir alimentos, y que en muchos casos se potencia la “efectividad moral y material de programas de asistencia social de índole populistas y clientelar”. Es decir, “en situaciones de mayor miseria, los planes de asistencia llegan a ser incluso muy superiores a los salarios, ya que estos descienden muy gravemente”.

“La caja de alimentos Clap, que reparte el gobierno mediante comités chavistas de abastecimiento, y que mayoritariamente es distribuida con criterios políticos, pasa a ser mucho más importante que el salario, incluso hasta ocho veces más que el mismo. Ello potencia la efectividad clientelar de una dádiva que en situación de pobreza extrema es prácticamente el único sustento. Ello fortalece ideológicamente al Gobierno y deja a los sancionadores (y aliados opositores) en una situación en la cual la gente percibe que no hacen nada por ayudarles.

El Estado potencia la efectividad de su “ayuda” incluso siendo está aún más reducida. Ello obviamente dificulta el tránsito hacia un cambio político efectivo”, afirma Sutherland en el informe.

El economista añade que, si bien es cierto que desde 2017 es mucho más difícil para el Ejecutivo importar alimentos, medicinas e insumos médicos, las sanciones no son la causa de la fuerte escasez de estos productos, que se debe fundamentalmente a la crisis económica que desde 2009 se ha ido gestando en el país. “Dicha caída en ciclo económico depresivo ha destruido el agro, la industria y buena parte del comercio formal. Ello se debió a la exacerbación de políticas económicas rentísticas”.

En alza histórica
Sólo en los primeros cinco meses de 2019, el costo de la canasta alimentaria que mide el Cendas aumentó 181%, al subir de 907 mil 289,28 a 2 millones 552 mil 836,38 bolívares.
La pérdida del poder adquisitivo ha sido tan feroz en lo que va de año, que ha desacelerado el ritmo de la hiperinflación, que en enero registró una tasa superior a 100% mensual.

En los últimos tres meses, el indicador de alza general de precios se ubicó por debajo de 50%, según el registro que divulga la Asamblea Nacional (AN). En marzo, la inflación fue de 18,1%, en abril de 44,7% y en mayo de 31,3% debido a la caída del consumo por el empobrecimiento de los venezolanos, de acuerdo con la Comisión de Finanzas del parlamento.

El diputado Ángel Alvarado, miembro de la instancia legislativa, informó que en mayo el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 36%. La variación acumulada de enero a mayo fue de 905,6%, y la tasa interanual se ubicó en 815.194%.

Sin embargo, el índice de precios correspondiente a los primeros cuatro meses de 2019 que divulgó el BCV es superior al medido por la Comisión de Finanzas. Según el ente emisor, la inflación en enero se situó en 196,63%, en febrero en 114,36%, en marzo en 34,82%, y en abril en 33,78%.

En el foro ¿Son las sanciones las responsables de la crisis económica y social? organizado por la ONG Provea en el Centro Letonia, en La Castellana, Caracas, el economista Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas de 2007 a 2008, afirmó que Venezuela padece la inflación más alta de su historia, lo que ha destruido el salario real y la inversión privada.
El crecimiento de la liquidez monetaria es una de las raíces del problema inflacionario. El exfuncionario indicó que entre enero y abril de 2019, la liquidez aumentó más de 500%. Señaló que sólo el año pasado, la administración de Maduro elevó 3.000% la cantidad de billetes y monedas en circulación y los depósitos totales en el sistema bancario.

“Todavía hay algunos que se atreven a decir que esto no impacta en la inflación, y decir eso es un acto de irresponsabilidad. La hiperinflación es culpa del Gobierno por implementar políticas fiscales equivocadas desde 2014”, aseguró.

Los crecimientos de la liquidez monetaria se ubican muy por encima de los registrados en la década de los 90 y en los primeros 12 años de Chávez, pues el incremento interanual de la liquidez se situaba alrededor de 20%, en promedio, según Cabezas.

Caracas / Carlos Seijas Meneses

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