Venezuela

Maduro tiene tres meses para pronunciarse sobre informe de la OIT

OIT: ha habido actos de violencia contra empleadores y sindicalistas / Foto: Archivo

La Comisión de Encuesta relativa a Venezuela, designada por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para examinar una queja introducida en junio de 2015 por Fedecámaras y otras organizaciones empleadoras contra el gobierno de Nicolás Maduro, emitió un informe en el que confirma la existencia en el país de prácticas que atentan contra las garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales y en las que incluso “están implicados múltiples agentes estatales por acción u omisión”.    

A juicio de la Comisión, estas prácticas y situaciones, como vulneraciones de las libertades civiles, actos de violencia física, acoso y persecución contra dirigentes empleadores y sindicalistas, “se insertan en un entramado que retrae el libre desarrollo de actividades sindicales y gremiales, la realización de consultas tripartitas efectivas y el funcionamiento de un diálogo social genuino en los términos preconizados por las normas de la OIT”.   

En el informe, los delegados de la comisión, que visitaron Venezuela entre el 8 y el 12 de julio, constatan que en el país se atenta contra los derechos contemplados en el convenio número 87 relativo a la libertad sindical, en vigor en esta nación desde 1982; en el convenio número 26 referente a los métodos para la fijación de salarios mínimos, que entró en vigencia en el país a partir de 1945; y en el convenio 144 sobre la consulta tripartita, vigente en la nación desde el año 1984.   

La Comisión de Encuesta denuncia que en el país “tuvieron y tienen lugar una serie de actos de violencia contra empleadores y contra sindicalistas que son violatorios de las libertades civiles básicas”, en particular la seguridad e integridad física de la persona, requisito indispensable para asegurar el libre ejercicio de las garantías previstas en el convenio número 87. Asegura que “la gran mayoría de estos actos quedan impunes, ya sea porque no se investigan, porque se investigan insuficientemente, o porque su investigación es tan lenta que los procesos se perpetúan, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva”.   

La instancia del organismo especializado de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 28 de la Constitución de la OIT, pide “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro”.   

Una vez emitido el informe, el gobierno de Maduro dispone de un plazo de tres meses para comunicar si acepta o no las recomendaciones  y, en caso de que no lo haga, tiene la opción de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) e impugnar lo decidido por la Comisión de Encuesta.   

La Comisión también considera que el gobierno de Maduro debe adoptar las sugerencias  señaladas en el texto elaborado “sin más demora y completar su cumplimiento a más tardar el 1° de septiembre de 2020”.   

En caso de que Venezuela no atienda dentro del plazo prescrito  los exhortos “que  pudiere contener el informe de la Comisión de Encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”, según lo pautado en el artículo 33.   

Sindicalistas presos

La instancia de la OIT también pide la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones, como es el caso de Rubén González y Rodney Álvarez.   

La comisión informó que recibió numerosas comunicaciones de organizaciones nacionales de trabajadores y de organizaciones internacionales, fundamentalmente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluyendo el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Caracas / Corresponsalía

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