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Gobierno y oposición se culpan por dos muertes en Bolivia

Un manifestante opuesto a la reelección del presidente Evo Morales arroja una lata de gas lacrimógeno de vuelta a la policía / Foto: AP

El gobierno boliviano y la oposición se culpaban mutuamente de las dos muertes ocurridas el jueves, la jornada de protestas más violenta desde las cuestionadas elecciones presidenciales.

“Lamento mucho (las muertes), pero todo esto viene de la violencia (opositora) que busca un golpe de Estado”, dijo el presidente Evo Morales.

Poco después, en una declaración a la prensa, el mandatario bajó la intensidad de su discurso y pidió a los opositores dejar en suspenso las protestas hasta que concluya la auditoría electoral que comenzó el jueves una comisión de la Organización de los Estados Americanos.

Sin embargo, por la noche, jóvenes se enfrentaron con la policía cerca del palacio de gobierno durante varias horas tras asistir a una protesta multitudinaria en el centro de la ciudad de La Paz. La policía arrojó gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los manifestantes, y hubo dos heridos y tres detenidos, según medios locales.

Uno de los jóvenes relató a la televisora Red Uno que seguidores del mandatario los provocaron, y la policía no lo evitó.

Más temprano se decidió en la masiva concentración que las movilizaciones continúen hasta que el gobernante renuncie y se convoque a elecciones con nuevas autoridades electorales.

En paralelo, en la ciudad de Santa Cruz se efectuó otra reunión multitudinaria encabezada por Luis Fernando Camacho, el líder de las protestas en esa región del oeste, un bastión opositor, quien también exigió la renuncia inmediata de Morales por “provocar los enfrentamientos” que derivaron en la muerte de dos personas allí.

“Pedimos nuevas elecciones en las que no puede participar el tirano (Morales)”, afirmó ante miles de personas, que decidieron darle su apoyo y continuar con el paro en esa región.

Por su parte, el expresidente Carlos Mesa, segundo en los cómputos oficiales de los comicios del 20 de octubre, reclamó una “investigación imparcial” y llamó a sus seguidores a “continuar la movilización con acciones pacíficas”.

“El responsable es el gobierno, que tiene que llamar al diálogo en lugar de convocar al enfrentamiento”, dijo a su vez monseñor Aurelio Pesoa, portavoz de la Conferencia Episcopal. “No vemos instancias imparciales y creíbles para tender puentes de diálogo”.

Además de los fallecidos, en los enfrentamientos de la víspera seis personas resultaron heridas, según el Ministerio de Gobierno. Uno de los muertos era del bando opositor.

Los enfrentamientos ocurrieron en Montero, ciudad vecina de Santa Cruz, cuando sectores afines al gobierno y pobladores afectados por los cortes de carreteras intentaron romper un cerco controlado por opositores.

La región atraviesa desde hace una semana por una huelga con cortes de rutas, calles y avenidas que han paralizado a la ciudad, incluidas las labores escolares.

Mesa y organizaciones cívicas acusan al gobierno de montar un fraude electoral a favor de Morales y han convocado a protestas que se han extendido a todo el país. A su vez, el mandatario no logra imponer su triunfo debido a los cuestionamientos sobre los comicios.

“Si dicen que hubo fraude alguien debe dirimir, por eso hemos invitado a la OEA”, afirmó Morales.

En los resultados oficiales el presidente obtuvo 47,08% de los votos, mientras que Mesa alcanzó 36,51%, lo que le permitiría al mandatario evitar un balotaje.

Para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener 50% más uno de los sufragios, o lograr 40% y tener una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo postulante más votado.

La oposición no acepta la revisión de la OEA porque teme que avale el resultado, y más bien pide una nueva elección. Mesa, líder de la alianza de centro Comunidad Ciudadana, rechazó la auditoría, alegando que fue pactada unilateralmente por el gobierno y el organismo.

El canciller Diego Pary indicó el jueves que la auditoría estará lista en 10 a 12 días.

La OEA señaló en un comunicado que el trabajo del equipo que arribó a Bolivia “se basará en la verificación de cómputos, lo cual incluye actas, papeletas, votos; la verificación del proceso y la cadena de custodia de las urnas”.

Una misión de observadores de la OEA en Bolivia fue la primera en cuestionar el proceso electoral tras la interrupción de la transmisión del conteo preliminar que proyectaba una segunda vuelta entre Morales y Mesa. Cuando la transmisión de reanudó 24 horas después, la tendencia favorecía a Morales.

Marchas en contra y a favor del presidente el jueves generaron un caos vial en el centro de La Paz, así como en otras ciudades.

Bolivia / AP

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