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Trump sanciona a empleados de la Corte Penal Internacional

Estas medidas constituyen el ataque más reciente de Trump a las organizaciones no alineadas con sus políticas / Foto: AP

El presidente Donald Trump lanzó un ataque frontal a la Corte Penal Internacional el jueves al autorizar sanciones económicas y de restricciones de viajes a empleados del tribunal que participan directamente de la investigación a soldados y agentes de inteligencia estadounidenses implicados en posibles crímenes de guerra en Afganistán sin consentimiento de Estados Unidos.

Un alto funcionario del gobierno dijo que la investigación de la CPI viola la soberanía nacional estadounidense y sostuvo que Rusia podría alentar las acusaciones al personal estadounidense. El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a informar sobre la orden, se negó a dar detalles de la presunta influencia rusa sobre la corte.

El decreto presidencial constituye el ataque más reciente de este gobierno a las organizaciones, tratados y acuerdos internacionales no alineados con sus políticas. Desde que llegó al poder, Trump ha denunciado el acuerdo climático de París, el acuerdo nuclear con Irán y dos tratados de control de armamentos con Rusia. Ha retirado al país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO, amenazado con abandonar la Unión Postal Internacional y anunciado el fin de la cooperación con la Organización Mundial de la Salud.

La corte con sede en La Haya fue creada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en zonas donde sus autores podrían no tener que enfrentar la justicia. Por ahora 123 estados reconocen su jurisdicción.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, denunció al tribunal como una “corte ilegal” que no ha sido eficiente para cumplir su mandato de juzgar crímenes de guerra. Dijo que Estados Unidos sancionará a los empleados de la CPI por investigar o juzgar a soldados estadounidenses en Afganistán así como por investigar a israelíes por supuestos abusos contra palestinos.

“No nos da placer juzgarlos”, dijo Pompeo. “Pero no podemos permitir a los funcionarios de la CPI y sus familias venir a Estados Unidos de compras y de viaje y gozar de las libertades estadounidenses al tiempo que persiguen a los defensores de las mismas libertades”.

El secretario de Defensa, Mark Esper; el de Justicia, William Barr, y el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien, quien anunció las medidas en el Departamento de Estado, se hicieron eco de las declaraciones de Pompeo. Barr dijo que investigará posible corrupción en la jerarquía de la CPI que según él generaba sospechas de que Rusia y otros adversarios interferirían en el proceso de investigación.

Grupos defensores de los derechos humanos deploraron la medida del gobierno.

La medida “allana el camino para imponer sanciones a funcionarios de la CPI y demuestra desprecio por el estado de derecho global”, dijo Andrea Prascow, directora en Washington de Human Rights Watch. “El asalto a la CPI es un intento de impedir que las víctimas de crímenes graves, sea en Afganistán, Israel o Palestina, obtengan justicia”.

A diferencia de los otros tratados y acuerdos, Estados Unidos nunca ha sido miembro de la CPI. Gobiernos de ambos partidos temen que soldados y oficiales estadounidenses sean juzgados por presuntos crímenes de guerra y delitos atroces. La mayoría de los estados miembros se han comprometido a no iniciar esa clase de demandas por temor a perder la ayuda militar y de otro tipo estadounidense.

Pero los fiscales de la CPI se han mostrado dispuestos a investigar a efectivos militares estadounidenses y este año iniciaron una investigación que fue condenada rápidamente por Washington.

Washington / AP

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