Venezuela

Bachelet expone conjunto de violaciones de DDHH por la anarquía minera al sur de Bolívar

El Arco Minero del Orinoco fue creado en el 2016 por el Gobierno para la explotación racional del mineral / Foto: Cortesía

Un nuevo informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, sigue mostrando las grandes vulneraciones de los derechos humanos en el país. El último documento se hace eco con minuciosidad de la peligrosidad de las zonas mineras de sur del estado Bolívar y los daños que esto ha generado a los ciudadanos que allí trabajan y a las comunidades indígenas cercanas a estas zonas.

El equipo de Bachelet señala que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) está controlada por grupos delictivos organizados. Estos imponen sus propias reglas, sacan beneficios económicos a todo lo que implica trabajar en estos territorios y aplican tratos crueles, asesinan y desaparecen a personas que no cumplan con su normativa.

El Arco Minero del Orinoco fue creado el 24 de febrero de 2016 por el gobierno nacional. Prometían —entre otras cosas— la explotación racional del mineral, mediante el uso de prácticas y tecnologías amigables con el ambiente sin el uso de mercurio, además de un plan de protección y promoción de los derechos humanos de los trabajadores para que los mineros dejarán de ser esclavos.

Desde ese momento y obligados por la emergencia humanitaria compleja miles de venezolanos migraron hacia esta zona buscando mejores oportunidades de vida. Las minas le ofrecían mejores entradas de dinero por la explotación de minerales.

Sin embargo, nada fue como lo propagandeado. Desde hace cuatro años el Arco Minero del Orinoco representa un área de alta contaminación, destrucción ambiental y que ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas.

Lo expuesto por el Acnudh señala que los grupos armados no trabajan solos, sino bajo la complicidad de funcionarios de seguridad del Estado: “el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales”, exponen textualmente en el informe sobre la Independiencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco.

Acnudh también refleja un sistema de explotación laboral e infantil donde el más perjudicado es el trabajador minero y los pequeños comerciantes informales. Estas personas trabajan en condiciones peligrosas y están obligados a destinar un porcentaje de sus ingresos a los grupos armados.

Detallan que para trabajar en las minas estos grupos delictivos exigen a mineros que paguen entre el 10 y 20% del mineral extraído, y alrededor del 15 al 30% al propietario del molino donde se trituran las rocas para la extracción de oro.

Algo que genera bastantes beneficios económicos a los delincuentes, pero pocos dividendos a quienes se exponen a múltiples peligros para tener un mínimo de ingresos para vivir.

El equipo de la alta comisionada documentó además cinco casos de personas que habían desaparecido mientras trabajaban en las minas entre 2016 y 2020. Eso sin la preocupación de organismos del Estado para buscar a las personas que desaparecieron en condiciones de grave criminalidad.

“Los familiares que buscan a los desaparecidos denunciaron la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia”, señaló textualmente la oficina de Naciones Unidas, situación que ha sido reflejada en el trabajo de la Comisión (Codehciu) en la investigación Fosas del Silencio, publicado en La Vida de Nos.

Daños a pueblos originarios

Los pueblos indígenas informaron a la Acnudh sobre del aumento de la violencia y los actos de intimidación que desde 2018 se originaron por la presencia de órganos militares y bandas criminales que acabaron con la paz y la seguridad en sus comunidades.

Poblaciones indígenas denunciaron que la explotación ilegal de oro generó la deforestación de sus territorios, la contaminación de las vías fluviales, la fauna y la existencia de brotes de enfermedades infecciosas. Según estos grupos indígenas, la contaminación de los ecosistemas ha afectado sus dietas tradicionales dado que alteró medios de vida como la pesca, la caza y la cosecha.

En el informe el equipo de la alta comisionada expuso que la expansión de la actividad minera es un factor perturbador en las formas de vida tradicionales de los indígenas y afecta su capacidad para mantener una relación espiritual con sus territorios.

Acnudh indicó que la expansión de la minería “han afectado considerablemente el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la autodeterminación y sus derechos con respecto a sus tierras, territorios y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente, y a vivir en paz y seguridad”.

Acceso a la justicia en Bolívar

Acnudh también habló sobre las irregularidades del sistema de justicia venezolano dada la falta de independencia que tiene los órganos que forman parte del proceso. Estas violaciones no han permitido el cumplimento correcto de los procesos ni lograr justicia para los afectados.

En el documento el equipo de la alta comisionada mostró su preocupación ante el continuo uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles como es el caso del sindicalista Rubén González. El secretario general del sindicato de trabajadores de Ferrominera Orinoco fue injustamente sentenciado a más de cinco años de prisión en un proceso viciado y por el que todavía sigue preso.

En los casos de violaciones del derecho a la vida presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, la Acnudh detectó obstáculos estructurales para cumplir con las investigaciones.

Ciudad Guayana / Correo del Caroní

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