Locales

Hurtado: personal del sector educativo no puede seguir financiando al Estado

El presidente de Urepanz exhortó al gobierno regional ejercer "justicia laboral" / Foto: Rafael Salazar

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz), José “Cheo” Hurtado, dijo este viernes que respaldan firmemente la posición de los trabajadores del sector educativo, de no reincorporarse a sus actividades hasta que las autoridades regionales y nacionales les garanticen mejores condiciones sanitarias y económicas.

“Urepanz se adhiere a lo expuesto por la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y los obreros de los planteles públicos (…) El personal no puede seguir financiando al Estado; el salario no les da ni para trasladarse a sus puestos de trabajo y tampoco son dotados de los implementos de bioseguridad”, afirmó.

Por tal motivo, desde Urepanz exhortan al gobernador Antonio Barreto Sira a ejercer “la justicia laboral que prometió”, como también a los directores escolares de la entidad a sumarse a esta “protesta”, al lado de sus trabajadores.

El líder sindical señaló que han tenido comunicación con la directora de Educación y Róger Ayala,  secretario general de la Gobernación, a fin de exponer la situación, pero que aún esperan acciones concretas que ayuden a alcanzar una conciliación entre todas las partes involucradas. “De ellos depende la paz laboral y el entendimiento”.

De no llegarse a un pronto acuerdo, se coordinarán con los sindicatos de docentes y obreros la realización de manifestaciones reivindicativas en las calles del estado.

Exigencia al TSJ

Hurtado resaltó que el paupérrimo  sueldo de Bs. 400 mil que perciben los trabajadores se debe a que el gobierno central eliminó todo beneficio contractual al implementar el instrumento administrativo de la Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto).

“Mientras exista la Onapre, tendremos salarios miserables”, aseveró.

Urepanz exige al Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncie en torno a  los amparos que introdujeron en la institución hace más de un año y en los que se especifican las violaciones  a la Ley de Garantías y a la Carta Magna.

Asimismo, instan a la Asamblea Nacional a manifestarse. “Basta de tanto silencio cómplice. El trabajador público no puede esperar más”.

Barcelona / Andrea Aroca

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