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Activistas de DDHH piden investigación internacional sobre naufragio de Güiria

Hasta el momento, el naufragio de Güiria lleva 28 muertes, dos detenidos y órdenes de aprehensión para once personas más , entre ellos militares / Foto: Venezuela Hoy

Los ojos del mundo se pusieron sobre las costas del estado Sucre, luego de que un grupo de cadáveres de migrantes venezolanos que tenían como ruta Trinidad y Tobago, fuera  localizado flotando y en avanzado estado de descomposición, tras sufrir un naufragio. Por ello, activistas de Derechos Humanos (DDHH) solicitan justicia y coinciden en que se requiere el respaldo de la comunidad internacional para que estos sucesos no queden impunes.

Al mediodía de este 17 de diciembre, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que se elevó a 28 el número de fallecidos por la tragedia de Güiria, hecho por el cual detuvieron a dos personas y se solicitó, además, la aprehensión de siete militares de la zona y cuatro civiles.

Los detenidos, Luis  Martínez (dueño de la embarcación Mis Recuerdos) y Luis Ramón López (propietario de finca de cuyo muelle zarpó la nave) fueron presentados e imputados por la presunta comisión de tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir. El primero en grado de autor y el segundo, de cooperador inmediato, reseñó Saab.

Respecto a este suceso que enlutó al país, el director institucional de la fundación de DDHH de Anzoátegui, Alcides Magallanes, sostuvo que el Ministerio Publico debe realizar todas las pesquisas necesarias para que paguen los que están detrás de estos delitos, pero que además se necesita de la intervención de instancias externas.

“Estos hechos se ven desde hace más de cuatro años y se han tomado como algo normal. Las movilizaciones ilegales son permitidas y las autoridades costeras se lucran cobrando para permitir el paso, las desapariciones no se investigan, las búsquedas se suspenden y las injusticias son el plato del día. Ya que esto se encuentra a la vista de los entes judiciales venezolanos desde hace tiempo y no hacen nada para frenarlo, entonces hay que exigir la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), Organización de Naciones Unidas (ONU)  y demás entes mundiales”, argumentó Magallanes, quien recordó que los familiares de desaparecidos en 2019 en las mismas costas aún esperan por justicia.

El abogado y activista de DDHH, José Santoyo, también señala que es indispensable la actuación de la CPI  para frenar este tipo de situaciones, dado  que el sistema de administración de justicia en Venezuela se maneja “como les da la gana” y no se mueve con celeridad.

Descarta que el asunto tenga que ver con trata de personas, pues desde hace años los venezolanos optan por tomar ese rumbo en busca de mejor calidad de vida.

 “Los venezolanos se exponen a tragedias, tratando de salir del país por hambre, por deudas, porque no consiguen trabajo y nadie se sostiene bajo una esperanza. La gente trata de salir de Venezuela a pie, en balsa, en peñero. Las victimas están tratando de huir de una dictadura que no garantiza el sistema de salud, el derecho al trabajo y a la vida”, señaló.

“La gente se va por voluntad propia con su familia, esto no se trata de tráfico de personas aunque traten hacerlo ver así”, reiteró.

La Corte Penal Internacional debe tomar acciones “rápidas y contundentes”. “No se deben esperar 10 años como pasa en otros procesos legales luego de mil investigaciones, lo que está en juego es la vida de los venezolanos”, manifestó.

Recalcó que la comunidad internacional, además debería juzgar las políticas de Trinidad y Tobago por tener leyes vejatorias y violatorias de los derechos humanos. “Esto no sólo afecta a los venezolanos”, sentenció.

Milena Pérez / Puerto La Cruz

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