Venezuela

Aumentan índices de desempleo, deserción escolar y desnutrición en comunidades indígenas de Guayana

La deserción escolar aumentó más de 90% en comunidades indígenas de Bolívar y Amazonas / Foto: Correo del Caroní

Conforme se extiende la alarma sanitaria por la pandemia de la Covid-19, se profundiza el restringido acceso al trabajo, alimentación, salud, saneamiento e higiene que ya enfrentaban las comunidades indígenas del sur de Venezuela.

En su informe de condiciones de vida de pueblos indígenas 2021, la ONG Kapé-Kapé estudió los aspectos socioeconómicos que más afectan a 17 comunidades indígenas del sur del país: seis comunidades indígenas yekwana y sanema del estado Bolívar, ubicadas en el municipio Sucre, ocho comunidades indígenas warao del estado Delta Amacuro, ubicadas en el municipio Tucupita, y tres comunidades jivi de amazonas, ubicadas en el municipio Atures.

Una de las señales más inequívocas de los estragos de la emergencia, son las aulas de clase cada vez más vacías de comunidades que no tienen la posibilidad de ver clases a distancia.

La deserción escolar (de clases semipresenciales) aumentó considerablemente en comunidades indígenas yekuana y sanema del estado Bolívar (46% de los niños no ven clases), y comunidades warao de Delta Amacuro (56%). En las comunidades del municipio Atures de Amazonas 44% de los niños no ven clases.

La razón principal por la que los niños y sus padres o representantes dejaron de asistir a las escuelas para recibir orientación con las asignaciones es la necesidad de buscar más fuentes de ingreso para amortiguar la emergencia.

La educación a distancia como medida de contención contra la Covid-19 dejó por fuera a los niños y jóvenes indígenas que no tienen acceso a internet ni telefonía móvil, y por lo tanto, deben ver clases semi presenciales a las que tampoco pueden asistir por la lejanía de los centros estudiantiles y la escasez de combustible que merma el transporte público.

Apenas 20% de los miembros de las comunidades indígenas de Bolívar cuentan con telefonía móvil. En Delta Amacuro y Amazonas, el 100% no cuenta con el servicio, de acuerdo con la organización.

La situación es grave porque la educación -aparte de ser un derecho humano fundamental-, garantiza que los niños aprendan a desenvolverse en el entorno en el que viven, así como generar desde el conocimiento soluciones que les beneficien a ellos, a su núcleo familiar y a sus comunidades.

Además de que la escuela los aleja del trabajo forzado, el reclutamiento de grupos armados y la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y otras formas de esclavitud moderna.

Sin ingresos fijos que amortigüen la emergencia

Más del 80% de las personas encuestadas en las comunidades indígenas de la región Guayana perciben únicamente salario mínimo. Un salario pulverizado por la inflación que cubre menos del 0,90% de la canasta básica alimentaria.

Además de esto, los pueblos indígenas manifestaron que, durante la pandemia, sus ingresos económicos disminuyeron más de 50%.

Entre 45% y 80% de los indígenas encuestados no tienen ingresos fijos, viven del día a día y este es un elemento que influye en la incidencia de la desnutrición especialmente en niños y ancianos, además de la escasez de centros alimentarios.

Las comunidades indígenas de Delta Amacuro reportaron el mayor porcentaje de desempleo (47%) en comparación con los otros estados. En Bolívar, las comunidades indígenas reportaron que más de dos personas de cada núcleo familiar deben trabajar para sobrevivir con el mínimo de insumos básicos.

Apenas entre 10% y 20% de los encuestados entre los tres estados se beneficia de algún programa gubernamental de subsidio, como las cajas del CLAP y los bonos que promete el chavismo. Menos del 10% de los indígenas de estas comunidades jivi, yekuana, sanema y warao se beneficia de alguna pensión o jubilación.

Es por eso que la organización propone generar en estas comunidades talleres de emprendimiento y capacitación en oficios, especialmente para los adultos jóvenes, que representan la población mayoritaria. También propone promover actividades propias de la cultura de las etnias que también generen ingresos.

Desempleo y minería ilegal

En las comunidades warao de Delta Amacuro, y las jivi de Amazonas, la desnutrición y el desempleo son los elementos que más aquejan a los indígenas y, finalmente, los hace migrar buscando mejorar sus condiciones de vida. Solo las primeras dos semanas de enero migraron desde Tucupita hasta Brasil al menos 600 indígenas warao.

En el estado Bolívar, el elemento que más afecta a los indígenas, en este caso los yekwana y sanema del municipio Sucre, es la minería ilegal que envenena los ríos, altera la pesca, daña los cultivos y mantiene en zozobra a la población por la violencia sostenida entre grupos armados e incursiones militares.

En febrero, una incursión militar se asentó temporalmente en las comunidades de la cuenca del río Caura para “limpiar el área” de miembros de la guerrilla colombiana. Los voceros de la comunidad reportaron maltrato por parte de los funcionarios militares y conflictos dentro de las mismas comunidades con hermanos indígenas que deciden echar mano de la minería.

En Maripa, también protestan contra la extracción minera y reclaman servicios básicos. La organización Kapé-Kapé establece que es importante que dentro de las comunidades indígenas se generen iniciativas educativas para fomentar conciencia sobre las consecuencias socioambientales que acarrea la minería ilegal en el territorio.

Otro elemento que les aflige es la escasez de combustible, que los aísla de los módulos de salud y centros educativos. Asistir a un módulo por una emergencia, les puede costar un viaje de dos días a canalete.

La lucha de los pueblos indígenas para poder contar con servicios básicos es histórica y constante: 70% de las comunidades en Bolívar expresó no contar con suministro constante de agua potable, al igual que 42% de las comunidades de Amazonas. 40% de las comunidades en Delta Amacuro cuenta con agua potable solo algunos días a la semana.

Por eso la organización insta a las autoridades locales y regionales a realizar estudios especializados para restituir servicios esenciales como electricidad y agua potable, que, además, son básicos para garantizar los derechos humanos fundamentales.

Guayana / Correo del Caroní

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