Sucesos

Embarazadas detenidas corren peligro en los reclusorios de Anzoátegui

Fddhhanz reportó que unas gestantes permanecen recluidas en condiciones insalubres / Foto: Cortesía

Por la falta de respuesta de los tribunales del estado Anzoátegui ante las solicitudes de arresto domiciliario con apostamiento policial, detenidas que se encuentran embarazadas corren peligro en los retenes policiales.

La advertencia la hizo el director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos (Fddhhanz), Alcides Magallanes, quien expresó a través de un boletín que no se garantiza  el derecho a la salud de la madre ni la del bebé, contemplados en el artículo 76 de la Constitución de la República de Venezuela y el 44 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña Y Adolescente.

A  manera de ejemplo,  el activista mencionó que en los calabozos  del Centro de Coordinación Policial (CCP)  de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), en Cantaura, hay humedad, falta de higiene y los baños están dañados. Esto provoca infecciones urinarias, amenazas de aborto y otras afecciones que atentan contra la salud de las aprehendidas.

“El mes pasado, una de las arrestadas inició labores de parto mientras esperaba el apostamiento policial en los calabozos. Tras dar a luz en un centro hospitalario, la mujer –junto con su hijito- fue devuelta al sitio de reclusión, pese a que no está  en buenas  condiciones ”.

 Magallanes señaló que hay  detenidas, con más de ocho meses de gestación, que no han recibido respuestas, pese a que a principios de este año pidieron las medidas cautelares ante los juzgados. Estimó que la falta de actuación de estas instancias viola el principio de la maternidad.

“Pese a que el gobierno nacional ha decretado la operatividad completa del sistema judicial, lamentablemente se complica más el acceso a la justicia en el país. Se  toma  la pandemia como una excusa en lugar de crear otras alternativas de atención al ciudadano”, expresó el representante de la Organización No Gubernamental (ONG).

Magallanes aseguró que reportaron estos casos ante los representantes en Venezuela de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Barcelona / Yraida Núñez

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