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Reporte de EEUU acusa de corrupción a aliados de Bukele

El gobierno de Biden presiona a Bukele para que desista de concentrar poder / Foto: AP

Varios aliados del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, incluida su jefa de gabinete, han sido incluidos en una lista de funcionarios centroamericanos de alto nivel considerados como corruptos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, según una copia del informe a la que tuvo acceso de The Associated Press.

Es probable que la aparición de la lista de cinco funcionarios supuestamente corruptos agrave las tensiones con Bukele, que afronta una intensa presión del gobierno de Joe Biden por la destitución de varios jueces de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de El Salvador.

Estados Unidos ha hecho de reforzar la democracia uno de los pilares de su estrategia en América Central, y afirma que la corrupción rampante es una de las causas de la inmigración irregular.

Una copia del reporte, enviada el lunes a miembros del Congreso estadounidense, fue proporcionada a The Associated Press por un empleado demócrata bajo condición de anonimato porque no se ha hecho público.

En un principio, la lista incluía un anexo clasificado del informe enviado al Congreso en abril en respuesta a una solicitud presentada el año pasado por la representante Norma Torres, demócrata de California y que preside el grupo de legisladores sobre Centroamérica. Esa lista más amplia contenía los nombres de 12 políticos de Honduras y Guatemala acusados de corrupción o que se cree tienen lazos con organizaciones del narcotráfico.

La lista de cinco funcionarios salvadoreños que se cree “participaron en actos significativos de corrupción” mientras ejercieron un cargo público se desclasificó el 4 de mayo, según el nuevo reporte. A diferencia de la mayoría de los hondureños y guatemaltecos señalados, ninguno de los salvadoreños ha sido acusado o sancionado en Estados Unidos, y su inclusión en la lista no parecía tener consecuencias legales inmediatas.

Sin embargo, es probable que la acusación complique más las relaciones entre el gobierno de Biden y el de Bukele, que no se ha mostrado dispuesto a dar marcha atrás en su consolidación de poder, condenada por funcionarios estadounidenses y legisladores de ambos partidos.

El joven partido Nuevas Ideas de Bukele arrasó en las elecciones legislativas de febrero, lo que le permitió tomar el control del congreso unicameral y votar de inmediato la destitución del máximo responsable anticorrupción del país y varios magistrados del alto tribunal, que habían frenado medidas del presidente.

Aunque Bukele sigue siendo muy popular en su país tras décadas de gobiernos corruptos que siguieron a la sangrienta guerra civil en el país, su detractores en Estados Unidos dicen que al concentrar el poder está debilitando instituciones ya endebles.

“El Salvador es una nación soberana y el presidente Bukele fue elegido de forma democrática. Él toma sus propias decisiones”, dijo el senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Apropiaciones del Senado, en un largo comunicado. “Pero las decisiones que toman él y sus aliados en el congreso salvadoreño, que desguazan las instituciones civiles democráticas y dan poder a las fuerzas armadas, tienen consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador”.

El funcionario más destacado de la lista es la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, que ha trabajado con el presidente desde que entró en política como alcalde de una pequeña localidad para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, creado por guerrillas izquierdistas tras la guerra civil. El reporte no daba detalles de las acusaciones contra Recinos.

También aparecía mencionado Rogelio Rivas, que el mes pasado fue sustituido como ministro de Seguridad y Justicia.

El Departamento de Estado indicó que Rivas supuestamente otorgó a su empresa constructora varios contratos, que no fueron publicados con antelación y sin concurso de adjudicación, para construir comisarías y otros edificios que entraban en sus competencias, y después infló el coste de los materiales.

Washington / AP

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