Locales

Preocupa a defensores de derechos humanos el traslado de presos políticos a cárceles comunes

Voceros de derechos humanos condenaron las malas condiciones que soportan los reclusos / Foto: Arturo Ramírez

Ante el decreto número 4.610 de la Gaceta Oficial 42.125, que ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que la custodia de los presos políticos sea pasada al Ministerio para el Servicio Penitenciario, la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui mostró su preocupación por esta decisión, pues este tipo de detenidos tendrán que ser llevados a cárceles comunes, donde les vulneran los derechos de las personas y permanecen bajo malas condiciones, además de que se les mezclará con imputados por distintos delitos.

El director de la fundación, Alcides Magallanes, recordó que en 2020 fallecieron 292 presos, 184 de ellos por desnutrición y tuberculosis.

Lo que sugieren es que sean recluidos en recintos donde se procese a los investigados por causas políticas.

A juicio del abogado y defensor de los Derechos Humanos, José Santoyo, con este decreto, el gobierno nacional trata de lavarse la cara ante las denuncias recibidas por la Corte Penal Internacional sobre tratos crueles, ya que tanto la Dgcim como el Sebin son conocidos por tener a los detenidos en sitios donde los someten a castigos y torturas, de acuerdo con las investigaciones realizadas.

Explicó que la disposición del Ejecutivo no habla de nada nuevo, pues el Código Orgánico Procesal Penal establece que una vez que un tribunal dicta la medida privativa de libertad en contra de un imputado, éste debería ser recluido en un internado judicial del país, bajo la custodia del servicio penitenciario.

Lo que ha hecho el decreto, señaló Santoyo, es reafirmar que en Venezuela se violan las leyes y que, como ya se había vuelto costumbre, los presos permanecieran por mucho tiempo en los calabozos por manipulación o estrategia.

Manifestó que el mayor problema en el sistema de justicia venezolano es que “no se diferencia quiénes de los recluidos están cumpliendo penas de prisión, de presidio, quién está privado de libertad preventivamente, acusado, condenado y ejecutado”; por ende no se cumple la reinserción social.

Recalcó que hasta tanto se solucione el problema de hacinamiento, vulnerabilidad de la salud, vida y alimentación, todos los presos, incluso los políticos, estarán en riesgo.

Puerto La Cruz / Milena Pérez

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