Venezuela

Fiscal Tarek Saab pide imparcialidad a la CPI en investigación sobre el Estado venezolano

Saab dijo que demuestra, sin paliativos, la actuación parcial e interesada que está sufriendo el país / Foto: Cortesía

El fiscal General de la República designado por la ANC, Tarek William Saab, aseguró que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha “vulnerado” el derecho a la defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, anunció que el Estado venezolano pidió a la CPI el control judicial e imparcialidad en la investigación.

“El Ministerio Público de Venezuela ha presentado una Solicitud de Control Judicial, en virtud del artículo 46.2 del reglamento de la CPI. Esta petición ha sido presentada ante la Sala de Cuestiones Preliminares de dicha institución para que esta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar”, dijo el funcionario.

La investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela inició de oficio en febrero de 2018, cuando Fatou Bensouda dio luz verde a un examen preliminar por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en las protestas de 2017

Saab destacó que Venezuela exige un trato igualitario y el derecho a la defensa. El fiscal expresó que la Corte Penal está ante una oportunidad única “para que se contribuya a asegurar que el trato que se dé a los países objeto de un Examen Preliminar sea justo e igualitario”.

Agregó que la petición de Venezuela se fundamenta “en un minucioso análisis” de todos los casos que la Fiscalía de la CPI ha sometido a Examen Preliminar. De esta manera, Saab dijo que demuestra, sin paliativos, la actuación parcial e interesada que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela

Asimismo, el fiscal señaló que su oficina ha entregado seis informes ante la Fiscalía de la CPI. “Frente a ello algo insólito ha ocurrido, lo que ha tenido de correspondencia este Ministerio Público ha sido el silencio por parte de la Fiscalía del CPI”, dijo Saab este jueves 27 de mayo.

Subrayó que la investigación de los derechos humanos no se puede convertir en una bandera política.

Caracas / Corresponsalía

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