Reportajes

Crisis política en Nicaragua sigue precipitándose hacia el autoritarismo

Daniel Ortega pidió a la comunidad internacional el cese de sanciones / Foto: AP

El gobierno del presidente Daniel Ortega vuelve a estar en el ojo del huracán y resuena una vez más en el panorama mundial. Detenciones, prohibiciones de protestas y la descalificación de partidos políticos son algunos de los hechos que, a juicio de los analistas, evidencian un autoritarismo que se sigue profundizando en la nación centroamericana.

Según reseñó la agencia de noticias Associated Press (AP) el pasado 14 de junio, ya suman 13 los opositores detenidos en menos de dos semanas. De hecho, entre ellos hay cuatro aspirantes a la presidencia, la cual se disputará el próximo 7 de noviembre, de acuerdo con el cronograma electoral.   

La policía acusa a todos de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, de incitar  la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”. También de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

Pero no todo termina allí. Los organismos de seguridad también culpan a los opositores de “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación”. Se presume que esto se debe a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) sancionó a algunos funcionarios y allegados a Ortega, incluyendo su hija y un alto oficial del Ejército.

De acuerdo con el portal The New York Times (NYT), Ortega, que busca ser reelegido para el cargo de presidente, pone a Nicaragua a tan solo un paso de ser un Estado unipartidista, que se define como un sistema en el que solo existe un partido político legal que pueda participar en  eventos electorales. O aunque existan otros partidos, hay uno que acapara la mayor parte del poder.

“Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política en el país”, dijo Eliseo Núñez, un analista político y activista opositor nicaragüense citado por el NYT. “Estamos muy cerca de llamar a esto de una dictadura”, expresó en una nota del medio de comunicación norteamericano.

Mencionado por la AP, Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group, manifiesta que el gobierno de Ortega cumple varios propósitos al detener a los aspirantes a la presidencia. Según indica, el mandatario busca eliminar a quienes representan un mayor desafío para enfrentarlo en los próximos comicios.

“Primero, envía un mensaje para movilizar a la base sandinista, reforzando su narrativa de que las protestas callejeras de 2018 fueron un intento de golpe de Estado con respaldo extranjero. En segundo lugar, es una demostración de fuerza destinada a provocar divisiones dentro de la oposición y, finalmente, obligarla a tomar la decisión de respaldar a un candidato menor o no participar en las elecciones. Finalmente pone a prueba los límites para ver qué tolerará la comunidad internacional dando margen suficiente antes de las elecciones de noviembre como para permitir las negociaciones”.

No callaron   

La comunidad internacional observó con asombro y preocupación lo sucedido en el país centroamericano, fijando una posición casi de inmediato. “Juegue limpio, libere a los opositores”, enfatizó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa.

Entre tanto, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, señaló que sostuvo una conversación con el canciller argentino Felipe Solá, con el fin de entablar acuerdos que permitan promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Según Infobae, el gobierno de Alberto Fernández asumió que la administración orteguista está violando los principios básicos de la convivencia democrática.

Un grupo de diputados del Parlamento Europeo también emitió una carta dirigida al mandatario nicaragüense, para solicitar la liberación de lo que consideran “reos políticos”, la restauración de los derechos de los ciudadanos y las reformas establecidas por la Organización de Estados Americanos (OEA), que sugiere la realización de elecciones libres, transparentes y justas.

Rechazo

A raíz de los pronunciamientos internacionales en su contra, Daniel Ortega alega que son un ataque implacable de medios y opositores financiados por EE.UU. Así lo hizo saber a través de un comunicado que tituló: “Nicaragua: En Defensa de la Soberanía y el Estado de Derecho”. En el texto, el presidente reitera que los detenidos están acusados por “lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa”.

En  su favor, abogó por el cese de las sanciones aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, entre otros, contra una treintena de funcionarios y allegados a su gobierno, por considerarlas “medidas coercitivas e ilegales” cuya aplicación “en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”.

Denuncia  

 El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) rechazó la “brutal escalada de  represión y persecución contra líderes sociales y políticos”. Según manifestó, “es evidente que el régimen de Ortega-Murillo pretende mantenerse en el poder a costa del terror y violando los (derechos humanos) de los nicaragüenses”.

Tras la rejas  

El exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fue detenido por la policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del gobierno de Daniel Ortega. Seis dirigentes del movimiento opositor Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), también fueron capturados. En tanto, el aspirante presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, fue detenido unas ocho horas después del precandidato de oposición Félix Maradiaga, reseñó AP.

Managua / Redacción Mundo

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