Sucesos

ONG solicitó celeridad en investigación sobre la muerte de detenido por supuestas torturas

Víctor Colina Maestre pereció supuestamente tras ser torturado / Foto: Cortesía

Celeridad en las averiguaciones sobre el deceso del detenido Víctor Colina, de 18 años de edad, pidió el director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (Fddhhanz) con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, Alcides Magallanes.

El  joven falleció en 2019, en El Tigre, supuestamente después de ser golpeado por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), identificado como David Gamboa, quien fue presentado ante los tribunales el pasado 23 de junio.

El representante de la Organización No Gubernamental (ONG) destacó, en un boletín, que tras dos años de luchas y gracias a la demanda de justicia por parte de la madre de la víctima, Beatriz Maestre, se logró  el arresto de Gamboa.

Según el relato de  Maestre, Víctor fue amenazado por el detective Gamboa cuando se negó a pagar cuatro toners de impresión al ser detenido por la investigación de un robo, ocurrido en octubre de 2018 en El Tigrito, municipio San José de Guanipa del estado Anzoátegui.

En el escrito, Magallanes refirió que luego, en abril de 2019, Colina y otras dos personas fueron apresados por el funcionario Gamboa. Esa vez, el joven supuestamente fue torturado, golpeado con un bate, y sufrió una hemorragia interna.

Víctor fue intervenido quirúrgicamente y recluido en la unidad de terapia intensiva de un centro asistencial, donde falleció.

Según precisó Magallanes, el 2 de marzo de este año, el Tribunal Penal de Primera Instancia de Control 3 libró una orden de captura contra el detective David Gamboa, por cometer presuntamente el delito de tratos crueles e inhumanos en grado de autor.

“El delito de tratos crueles, degradantes e inhumanos está tipificado en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles. El artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 5 del Código de Conducta establecen que ningún funcionario podrá cometer o tolerar hechos de torturas. Y debe imponerse sanción a quienes en razón de su cargo, infiera maltratos, sufrimientos físicos o mentales o que instigue este tipo de trato”, destacó el activista de derechos humanos.

El Tigre / Yraida Núñez

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