Reportajes

Bonos complementarios del Gobierno sólo alcanzan para adquirir cuatro o cinco productos alimenticios

Insuficiente. Los trabajadores de la administración pública reciben mensualmente Bs 61,4 directamente en la Plataforma Patria / Fotos: Rafael Salazar

Los empleados de la administración pública reciben mensualmente, mínimo, tres bonos de parte del gobierno nacional a través de la plataforma del Carnet de la Patria, como complemento del salario integral de 10 bolívares. 

Al sumar todos los beneficios económicos que recibe, el ingreso de un trabajador llega a Bs 61,4, monto que no alcanza para satisfacer sus necesidades más esenciales. 

De acuerdo con la evaluación mensual que realiza el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en agosto, la Canasta Alimentaria compuesta por 60 productos de consumo básico para un grupo familiar de cinco personas tuvo un costo de Bs 953,91, lo que para ese entonces equivalía a 232,80 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). Es decir, una familia requería 136 sueldos mínimos para alimentarse por un mes. 

Eso sin contar todos los demás requerimientos que van dentro de la canasta básica, que incluye servicios básicos, medicinas, educación, transporte y vestimenta. 

Delegados del sector público en el estado Anzoátegui aseguraron que aunque el dinero que les envían es bien recibido porque les aumenta un poco el ingreso mensual, no les permite cubrir todas sus necesidades por cuanto sólo les alcanza para gastos de comida y “una que otra medicina”. 

El coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui, Edisson Hernández, señaló que cada mes les depositan por la Plataforma Patria un bono denominado Protectores de la Salud, que ha ido experimentando pequeños aumentos a medida que transcurre el tiempo. 

Sostuvo que en el mes de octubre, el monto de esa asignación económica llegó a los Bs 15,40, que a duras penas les alcanzaría para comprar cuatro mascarillas N95 ante la escasez de insumos de bioseguridad, o para la compra de entre cuatro y cinco productos de la canasta. 

Se quedan cortos

En 1,05% se ubicó, en agosto, el poder adquisitivo que arroja la suma del salario mínimo de Bs 7 más el bono de alimentación de Bs 3 frente al monto de la canasta alimentaria familiar, que estuvo en Bs 953,61 (232,80 dólares). El presidente de Fetranzoátegui manifestó que ni siquiera uniendo dos salarios integrales las familias son capaces de resolver una buena comida a la semana. A su parecer, la situación no mejorará si el gobierno nacional no aplica medidas económicas efectivas para detener la hiperinflación.

Este subsidio, asignado por motivo de la pandemia, es enviado al monedero virtual antes o después de la primera quincena. 

Adicionalmente, los trabajadores reciben dos pagos de Bs 23 cada uno, correspondientes a alimentación y transporte, los cuales son depositados por separado (uno en la primera quincena y otro en la segunda). 

Ambos beneficios forman parte del acta convenio firmada en junio de este año entre el gobierno nacional y las federaciones gremiales de Caracas. 

A los empleados activos que tienen suspendido el sueldo por diversos motivos, que “son muchos”, según dijo Hernández, no les acreditan estos pagos. 

Educación 

El personal del sector educación recibe bonificaciones con montos similares a los del gremio sanitario, con la diferencia de que en lugar de “Protectores de la salud”, el bono lleva por nombre “Simón Rodríguez, Máxima Eficiencia”. Igualmente, equivale a 15,40 bolívares. 

Pero no todos han podido disfrutar de las bonificaciones. La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en la entidad, Maira Marín, manifestó que sólo los dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación han sido beneficiados con los tres subsidios que aporta el gobierno nacional, quedando excluidos los adscritos a la gobernación de Anzoátegui, hecho que consideró como una injusticia ya que “los trabajadores no tienen la culpa de las desigualdades políticas que existen entre el gobierno central y el regional”. 

Ante esa situación, hizo un exhorto al mandatario anzoatiguense y a la dirección de Recursos Humanos a que atiendan el llamado y exijan el dinero que les corresponde recibir a sus empleados.   

Quejas. Empleados del sector educativo, dependientes del Ejecutivo regional, no reciben los pagos correspondientes al acta convenio, denunció la presidenta de Sinvema, Maira Marín

Inconformidad 

El presidente de la Federación de Trabajadores de Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, consideró que es un insulto que a los empleados del sector educativo los priven de este beneficio, y también repudió que los montos de todas las bonificaciones sean “insignificantes”. 

A su juicio, serían más efectivos si los pagos superaran, al menos, los $50 al mes. 

Expuso como ejemplo que las parejas que devengan salario mínimo más la cesta ticket suman un ingreso de Bs 20, con lo cual se les hace imposible resolver una buena comida, aunque sea un día a la semana, debido a la desenfrenada hiperinflación que azota al país. 

Barrero aseveró que los trabajadores públicos son los que se llevan la peor parte de la crisis porque tienen “salarios miserables” y, por eso, han optado por buscar trabajos en el sector privado, donde los salarios rondan los 100 dólares mensuales. 

El presidente de Fetranzoátegui consideró que será difícil obtener una remuneración suficiente que cubra todas las necesidades mientras el gobierno nacional no acepte la realidad económica que atraviesa Venezuela y aplique medidas económicas efectivas. 

Según el Cendas, el poder adquisitivo real que otorga el salario es de apenas 0,73%, dejando como resultado que una familia necesite de un mínimo de 31,79 bolívares diarios para alimentarse. 

Voceros gremiales concuerdan en que los bonos que entrega el Gobierno no significan una mejoría en sus salarios sino una “carátula de estabilización económica” para la clase obrera, porque ninguno de esos pagos tiene incidencia en el salario real.

Puerto La Cruz / Milena Pérez

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