Venezuela  Política

Cecilia Sosa: Gobierno buscará ocultar la cadena de mando y los documentos que la comprometen en investigación del CPI

“El mayor obstáculo en la investigación de la CPI es el TSJ”, señala Cecilia Sosa Gómez / Foto: El Nacional

La expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, teme que el Gobierno dificulte la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), ya que los indiciados por delitos de lesa humanidad ocupan los más altos cargos. Recomienda a la defensa que abandone la estrategia de confundir el juicio con propaganda política y tergiversación de los hechos.

–¿Cuáles caminos llevan al Estatuto de Roma en el caso Venezuela?

–El abrir la etapa de investigación en el proceso penal lleva a los señalados, como responsables por crímenes de lesa humanidad, al examen que hará la Corte Penal Internacional de las denuncias en su contra y de la documentación de las violaciones graves de derechos humanos. La situación de Venezuela se considera tan alarmante que han remitido un informe que sustenta la existencia de estos crímenes.

–¿Usted también da por sentado que la CPI emitirá una sentencia contra Venezuela?

–En Derecho nada se da por sentado; se investiga, se estudia y se dicta decisión. La sentencia que se dicte no será contra el Estado venezolano sino contra los individuos ya señalados, y eso no es posible determinarlo en este momento. Conocemos los nombres de los funcionarios o personas denunciadas. Hay todavía un camino que recorrer. 

Defensa indefensa

–¿Qué recomendaría al defensor de los indiciados? 

–Asesorar a los señalados como responsables de los delitos en cuestión para que abandonen la estrategia de confundir el asunto con propaganda política y tergiversación de los hechos. Ello agrega más razones a las ya existentes para ser investigados. Además de no esconderse detrás de una verdad construida que los hechos desvirtúan.

–Diosdado Cabello ha dicho que pedirá una revisión de la decisión de investigar al Estado venezolano… 

–Conforme al Estatuto de Roma eso no es procedente. El capitán Cabello declara por decir algo. Está mal asesorado.

–¿Garantiza el Gobierno su colaboración para que esta investigación no encuentre piedras en el camino? 

–La colaboración del Gobierno quedó estampada en el Memorando de Entendimiento suscrito públicamente entre Nicolás Maduro y el Fiscal de la Corte Penal Internacional. En este documento oficial el régimen se obliga a prestar toda la colaboración para determinar la verdad de los funcionarios comprometidos en los crímenes de lesa humanidad cometidos, y a no politizar la investigación y procesamiento de quienes cometieron horrendos crímenes. Tengamos en cuenta la dificultad interna que habría si los denunciados son aquellos que ocupan hoy los más altos cargos del régimen.

–Conociendo la ortodoxia de sus métodos, ¿qué intentaría ocultar el Gobierno? 

–La cadena de mando y los documentos que la comprometen, salvo aquellos que se utilicen como chivos expiatorios, y esta vía les permitirá salir de ellos.

–¿Implicaría la investigación al TSJ y otros entes judiciales? 

–Ahí está el mayor obstáculo; los funcionarios que serían investigados se desempeñan en cargos de alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro.

–¿Cómo declarar a la CPI sin el riesgo de una retaliación oficial? 

–El Estatuto de Roma tiene disposiciones muy claras sobre la protección de víctimas y testigos.

–Y las 100 ONG que han denunciado acoso oficial, ¿podrían ser una evidencia más? 

–De hecho, lo son.

–El fiscal Tarek William Saab insiste en que la investigación no procede…

–Su interpretación no se corresponde con el artículo 53 del Estatuto de Roma. De hecho, así lo consideró el Fiscal Karim Khan.

–El presidente Nicolás Maduro y compañía cambiaron súbitamente el semblante cuando el Fiscal jefe Karim Khan habló durante el encuentro realizado el 3 de noviembre en Miraflores. Incluso, afirman que de regreso a su país nadie del Gobierno lo acompañó a Maiquetía…

–Presumo que consideraron impropias la forma y puntos destacados en las palabras del Fiscal Khan, quien tuvo la palabra luego de Maduro y cerró el acto. 

DE PERFIL
Cecilia Sosa Gómez nació en Caracas, en 1943. Política y jurista, efectuó sus primeros estudios en el colegio San José de Tarbes de La Florida, en la capital. Recibió el título de abogada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en octubre de 1967. Obtuvo una Maestría en Planificación y el Título de Doctor en Ciencias Administrativas en La Sorbonne. Es diplomada por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. También recibió el Título de Planificación Prospectiva y visiting felow, en la Cátedra Andrés Bello del St. Anthony College (Oxford, Inglaterra).  Fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia entre 1996 y 2000 y precandidata presidencial para las elecciones de 2006 y 2012. Ha sido catedrática de Derecho Administrativo en la UCV y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta última casa de estudios. 

Juicio presente

–¿Qué vislumbra luego de la investigación? 

–Si la investigación determina que se han cometido crímenes de lesa humanidad y se identifica a los presuntos responsables, se inicia el juicio en la Corte. Previamente se emitirían las órdenes de aprehensión, pues no hay juicio en ausencia.

–¿Habría que modificar el poder judicial en Venezuela? 

–Tenemos que crear un poder judicial que haga justicia para el ciudadano.

–¿Es vinculante el caso de Alex Saab a la investigación, ya que implica “negociar con el hambre del pueblo”? 

–No tiene nada que ver. La corrupción y el lavado de dinero no son crímenes competencia de la Corte Penal Internacional.

–Maduro dice que Saab es inocente y que sólo hay “desesperación por fabricar pruebas”

–Mientras Maduro más defienda al colombiano Saab, más se le asociará con negocios ilícitos. Alex Saab se puede defender solo.

–¿Por qué el Gobierno organiza manifestaciones en apoyo a Saab? 

–Para cambiar los temas de la agenda pública y dar de qué hablar para que la verdad de la corrupción quede oculta ante la población.

–Pareciera que la Justicia que funciona en Venezuela no es precisamente la autóctona, sino la que viene de afuera… 

–En Venezuela no hay justicia. Sin ella no somos nada: ni nación, ni democracia, ni derechos humanos, ni Estado de Derecho, ni separación de poderes, ni tratados como ciudadanos. Sin un sistema de Justicia autónomo e independiente no podemos resolver nuestras diferencias, ni condenar a culpables o declarar inocencia; por tanto, la justicia nacional tiene sus reglas y la internacional igualmente, mediante tratados internacionales como justicia convencional.

–Por cierto, si Hugo Chávez murió el 30 de diciembre de 2012 y no el 5 de marzo de 2013, ¿qué pasaría a ser: ilegal o inconstitucional? 

–De tenerse pruebas de tal supuesto, debe llamarse a elecciones de presidente de la República dentro de los treinta días siguientes de tener conocimiento de esa prueba. Si el presidente electo Hugo Chávez murió el 30 de diciembre de 2012, ello sucedió antes de tomar posesión del cargo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 233 de la Constitución se procedería a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días siguientes, encargándose temporalmente de la presidencia el vicepresidente Nicolás Maduro, hasta la elección y toma de posesión del nuevo presidente.

Caracas / Jolguer Rodríguez

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