Reportajes

Creación de “gobierno parlamentario” busca mantener apoyo externo, pero profundiza diferencias opositoras

Aunque se esperaba que la reforma del Estatuto de Transición tuviera su última discusión el 30 de diciembre, las críticas provenientes de expertos en el área legal hizo que se plantearan nuevos ajustes y se congelara por unos días la aprobación / Foto: Crónica Uno

Los cambios en la estructura del gobierno interino que encabeza el dirigente de Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó, era uno de los primeros pasos que se esperaba diera la oposición en 2022, luego de un año de conflictos y desaciertos.

La reforma de la Ley del Estatuto que rige la transición a la Democracia fue aprobada en primera discusión el pasado 27 de diciembre y alarga al menos por un año el funcionamiento del interinato. No obstante, el texto parece ir en la dirección contraria al consenso que actualmente requieren las fuerzas antichavistas.

Aunque aún falta una segunda discusión parlamentaria para que la reforma sea definitivamente aprobada, la polémica que se ha generado ha exacerbado las ya marcadas diferencias entre los factores que adversan al Gobierno.

Durante la sesión convocada la semana pasada, la Asamblea Nacional (AN) de 2015 dio luz verde a su continuidad como órgano legislativo legítimo, en contraposición al parlamento oficialista de 2020. El primer cambio importante apunta a que de, ahora en adelante, la AN funcionará a través de la Comisión Delegada -integrada por la junta directiva y los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes del parlamento.

Sin embargo, lo que lo que ha provocado más discrepancias es la propuesta de conformar un “gobierno parlamentario” que resta competencias a la figura del mandatario encargado para entregarlas a la Comisión Delegada.  

Sin división de poderes

El 23 de enero de 2019, Guaidó, saltó a la palestra pública al juramentarse como presidente interino, creándose de paso un estatuto que reglamentaba su gestión. Por un breve tiempo logró unificar el liderazgo y aglutinar el respaldo de más medio centenar de países, pero tres años después, el incumplimiento del mantra “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, sumado a los señalamientos sobre falta de transparencia en el manejo de los activos en el exterior, sólo se ha generado descontento y división en las filas opositoras.

Para este 5 de enero, algunos esperaban el fin interinato de Guaidó, o al menos una modificación de la estructura de gobierno con el consenso de distintos factores políticos, más allá del llamado G4 -Primero Justicia (PJ); el sector de Acción Democrática (AD) controlado por Henry Ramos Allup; la VP de Leopoldo López y Un Nuevo Tiempo (UNT).

Pero los cambios aprobados en primera discusión, plantean un nuevo escenario de funcionamiento en el que casi todos los actos del interinato quedan en manos de la Comisión Delegada.

De esta forma, se eliminan distintas instancias como el Centro de Gobierno -que sería sustituido por una nueva estructura denominada Consejo Político, encargada de revisar la actuación de Guaidó-; la Comisión Presidencial para la Renegociación de la Deuda Pública y otras comisiones como la de Seguridad Pública, Ayuda Humanitaria y Emergencia de Salud. También se derogan los artículos referidos a las competencias de la Presidencia interina, quedando en manos del legislativo opositor decisiones en materia de política exterior, la designación de representantes diplomáticos y las medidas de apoyo a los migrantes.

El control de activos y bienes del Estado en el exterior también queda a cargo del legislativo.
El abogado y académico Allan Brewer Carias, apuntó días atrás que la reforma del Estatuto de Transición crea un “gobierno de Asamblea” lo cual no es sólo el “suicidio del régimen de transición a la democracia decretado en 2019, sino que es inconstitucional al violar el principio de separación de poderes”.

Aunque se esperaba que el texto legal tuviera su última discusión el 30 de diciembre, las críticas provenientes de expertos en el área legal y constitucional, hizo que se plantearan nuevos ajustes y se congelara por unos días la aprobación.

Brewer Carías se pronunció al respecto indicando que con las correcciones dadas a conocer sobre el documento no se resolvían los problemas de fondo sobre la inconstitucionalidad.


Tras las críticas surgidas contra la reforma del Estatuto de Transición, la AN de 2015 propuso nuevos ajustes, que a juicio del abogado Allan Brewer Carias sólo repiten los vicios de la “usurpación de funciones” por parte del parlamento / Foto: El Nacional 



“El documento ‘Ideas para el Informe de la 2da. Discusión’ sobre la reforma del Estatuto de transición repite con solo un maquillaje los mismos vicios de los aprobado en primera discusión: Usurpación de funciones ejecutivas por la AN y reducción del presidente encargado a actuar sólo ‘accidentalmente’”.
En opinión del jurista, las nuevas modificaciones conforman una “confusa y deformante normativa”. “Lo único que hay que reformar es el artículo 12 (del Estatuto) para asegurar la continuidad de la transición. Las funciones de control de la AN están en la Constitución. Sólo hay que ejercerlas”, dijo.

Reforma al Estatuto de Transición
Artículo 12 
 

La continuidad constitucional del poder legislativo nacional será ejercido por la AN electa en el 2015 la cual funcionará a través de la comisión delegada hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en el 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en el 2021, o hasta un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021”. 

Mantener el apoyo internacional

Distintos analistas consultados por El Tiempo coinciden en señalar que con la reforma al Estatuto de Transición, la cúpula del G4 no demuestra su la intención de buscar el consenso, ni de lograr una reacomodo político efectivo de cara al futuro.

El politólogo Daniel Santolo considera que la primera consecuencia de la extensión del interinato en los términos planteados, es impedir que las “diferentes oposiciones venezolanas se pongan de acuerdo en una ruta conjunta para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro”.


Politólogo Daniel Santolo advierte que la oposición se ha concentrado más en preservar el apoyo internacional que en fortalecer las bases sociales y relegitimar partidos, sindicatos y gremios / Foto: Archivo 



“Vemos como se insiste en promover una ruta fantasiosa del quiebre del gobierno a través de la imposición de sanciones, centrada en política dirigida al exterior, más atenta a lo que pueda manejarse desde Estados Unidos, que a los requerimientos internos del país”.

Santolo indica que una prueba de la focalización de la estrategia del G4 hacia el exterior, fue el apoyo inmediato que dio el embajador de EE.UU. para Venezuela, James Story, a la reforma del Estatuto.



“Como consecuencia, tenemos la imposibilidad de que se genere una ruta de consenso con todos los sectores de oposición, en contraposición a la opción más clara que es la de usar el 2022 para fortalecerse organizacionalmente, fortalecer las bases sociales, relegitimar partidos, sindicatos y gremios, luchar por la reactivación de los partidos inhabilitados por el TJS, y a partir de allí, plantearse un camino para enfrentar al Gobierno en un escenario que no puede evitar, que son las presidenciales del 2024”, explica Santolo.

Otro de los efectos de la falta de consenso será la proliferación de estrategias aisladas, incluido el referendo revocatorio, lo que a juicio del especialistas, derivará en un desgaste de esfuerzos.

Reforma al Estatuto de Transición

Artículo 18
El Consejo Político es el órgano de coordinación, seguimiento y evaluación de la acción de la Presidencia Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, sus actos estarán sometidos al control parlamentario establecido en el artículo 187 numeral 3 de la Constitución. La actuación del Consejo Político se orientará a la procura de elección.
Reforma al Estatuto de Transición es libres, justas y verificables, el pleno restablecimiento del orden constitucional, la separación de poderes y el rescate del estado democrático y social de derecho y de justicia en la República Bolivariana de Venezuela.

Más división

Luego de los ataques lanzados semanas atrás contra Guaidó y la figura de la presidencia interina por parte de dirigentes de Primero Justicia como Julio Borges y Henrique Capriles Radonski, muchos apostaban al fin de interinato.

Se optó por una solución intermedia, y se llegó a un acuerdo entre todas las fracciones legislativas de mantener a Guaidó con el objetivo de preservar los apoyos externos y resguardar los activos financieros. El diputado por VP, Freddy Guevara, indicó que aprobar la continuidad del interinato era en este momento la única decisión coherente “Sería un suicidio desconocer a Juan Guaidó y al Parlamento legítimo para reconocer a Nicolás Maduro”, indicó.

Aun así, la conformación del “Gobierno parlamentario” llevó a que dirigentes que habían sido férreos defensores de la preservación del interinato , como Delsa Solorzano de Encuentro Ciudadano y Andrés Velásquez de la Causa R, levantaron su voz para cuestionar el proceder individualista de algunos factores del G4 o la inconstitucionalidad de la reforma del Estatuto.

“Es de sentido común mantener el Gobierno Interino y al presidente encargado. Juan Guaidó, con todas sus facultades. Atarlo de pies y manos como propone Borges y Capriles es un verdadero disparate y un despropósito político. A Maduro le vendría bien que este absurdo se concretara”, escribió Velásquez a través de la red social Twitter.


Andrés Velásquez dice que propuesta de Julio Borges y Henrique Capriles de atar de pies y manos a la presidencia interina de Juan Guaidó es un verdadero disparate y un despropósito político / Foto: Transparencia Venezuela 



La pregunta que tendría que responder la oposición en este momento es si vale la pena mantener un interinato parlamentario, desplazando la figura presidencial, con la finalidad de no perder los espacios ganados en el exterior.

Para el consultor político David Rico, la respuesta es que la ganancia resulta mínima frente a lo realmente importante. “Extender el interinato es una medida que sólo le permite mantener el estatus internacional, mantener la posibilidad de manejar los recursos de los venezolanos en el exterior, pero esto no es necesariamente una ventana de oportunidad para poder ofrecer una salida a corto o mediano plazo a la situación política que vive el país”.

Rico enfatiza que, dado el fortalecimiento del gobierno de Maduro, la actual situación requiere de otro tipo de acciones, como la reorganización de fuerzas, la renovación de liderazgos y la reconexión con la población.

“Los venezolanos están cada día más divorciados de lo político y más centrados en resolver sus problemas particulares y personales, y este divorcio es promovido por la ineficiencia y la inoperancia de la dirigencia venezolana, y en especial de la dirigencia opositora”.

Por lo pronto, la prórroga de un año para el interinato no está dirigido a lograr un cambio político ni a promover el acercamiento con la población que es, según los analistas, lo que deberían buscar en este momento las fuerzas antichavistas, sino a intentar mantener una carta de negociación dentro del juego político.

Caracas / Rodolfo Baptista / Rafael Arias



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