Sentencian a exprimera dama de Honduras a 58 años de prisión por delitos de corrupción

Un tribunal sentenció el miércoles a 58 años de prisión a la exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, acusada por 13 delitos de corrupción.

La esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) fue hallada culpable el pasado 20 de agosto por tres delitos de apropiación indebida continuada y ocho delitos de fraude.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, dijo que Bonilla de Lobo recibió seis años por cada delito de fraude y diez en total por los de apropiación indebida.

Además deberá pagar una multa equivalente al 10% de lo defraudado, que asciende a un millón 277 mil 897 lempiras (más de 52 mil dólares).

En la lectura de la sentencia se ratificó que Bonilla de Lobo, quien no estuvo en la audiencia, fue absuelta por el delito de malversación de caudales públicos.

Otros sentenciados

El juez que conoció el caso también aplicó una pena de 48 años de prisión para Saúl Escobar, ex secretario privado del Despacho de la Primera Dama. Según precisó Silva, se le dieron seis años por cada delito de fraude.

Ambos fueron vinculados en el caso denominado “Caja chica de la dama”, que fue divulgado inicialmente por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el Ministerio Público, la esposa del exmandatario se apoderó de más de 12 millones de lempiras (unos 480.000 dólares), que tomó de una cuenta a nombre del Despacho de la Primera Dama y Casa Presidencial y depositó en su cuenta personal cuatro días antes de que terminase el gobierno de su esposo.

El MP también señala que se apropiaron de 16 millones de lempiras (unos 650.000 dólares) que sacaron a través de más de 70 cheques emitidos a nueve empresas de fachada entre 2011 y 2015.

La investigación, que duró cuatro meses, concluyó con la captura de la ex primera dama en febrero de 2018, fecha desde la cual guarda prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social y donde deberá permanecer el resto de su condena.

AP / Tegucigalpa