Comisión parlamentaria pide protección para ONG que cooperan con la ayuda humanitaria (+Comunicado)

La Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Miguel Pizarro, rechazó el allanamiento a la sede de la Fundación Mavid, ubicada en Valencia (Carabobo), que se dedica a la atención de personas con VIH/Sida.

En un comunicado emitido este viernes 15 de febrero, horas después de que se produjera tal procedimiento, la instancia parlamentaria pidió la protección internacional para las organizaciones que cooperan con el ingreso de insumos y medicinas a Venezuela.

Denuncia que el allanamiento a la ONG (Organización No Gubernamental) se ejecutó sin una orden judicial, con lo cual se atentó contra el debido proceso y las garantías constitucionales establecidas en el artículo 49 de la Carta Magna.

Miguel Pizarro, diputado a la AN, firmó un comunicado en rechazo a la detención de los representantes del Mavid

Llamaron la atención sobre lo sucedido ante el comisario general Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a fin de que se esclarezca la situación, así como ante el comisario José Domínguez, director de la oficina del Cicpc del estado Carabobo, quien además es secretario de seguridad ciudadana de la Gobernación de Carabobo.

Alertan a la comunidad internacional

De la misma forma, alertaron a la comunidad internacional acerca de la persecución contra las Organizaciones No Gubernamentales que tratan de canalizar ayuda para la población más vulnerable en medio de la emergencia humanitaria del país y que consideran fue producida “por las decisiones de quienes usurpan el poder”.

En torno a este caso, Provea exigió la liberación de Willmer Álvarez, vicepresidente de Fundacion Mavid; y de Jhonatan Mendoza, detenidos a raíz del allanamiento.

La ONG aseguró que “presuntamente por órdenes del ministro de Salud, Luis López, se cometió la acción en la sede de la organización Mavid dedicada a la ayuda humanitaria. La dictadura, además de no permitir ingreso de ayuda, persigue a quienes trabajan para salvar vidas. Ayudar a otros es un deber moral y constitucional según el artículo 132 de la Carta Magna”.

Caracas / Corresponsalía

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